El Gobierno y la oposición de Venezuela se comprometieron ayer a una convivencia pacífica para resolver la crisis política y económica que atraviesa el país, al concluir la segunda ronda de un diálogo facilitado por el Vaticano.

“Nos comprometemos de forma solemne a que nuestras diferencias políticas solo tengan una respuesta en el estricto marco constitucional, un camino democrático, pacífico y electoral”, subrayó una declaración conjunta, leída por representantes de ambas partes.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exige, como prioridad en la mesa de diálogo, un adelanto de elecciones o la reactivación del referendo revocatorio contra Maduro, pero el acuerdo no menciona esas posibilidades.

En los acuerdos anunciados no hubo mención a demandas de la oposición sobre la reactivación de un referendo revocatorio contra Maduro o la realización de elecciones generales. Pero Carlos Ocariz, uno de los miembros de la mesa por la oposición, dijo que insistirían hasta lograr alguno de estos importantes puntos.

La MUD emitió un comunicado en que resaltó entre los puntos logrados la realización de elecciones en el estado Amazonas, el respeto a la autonomía del Parlamento, la liberación de personas detenidas y que se permita la entrada de medicinas y alimentos al país.

Las partes, que tras la suspensión del referendo elevaron las tensiones y los insultos mutuos a tal punto que se temió un estallido de violencia, prometieron “establecer una relación política respetuosa”.

Ambas partes llegaron a estos acuerdos durante dos días de conversaciones. Uno de ellos plantea que el Gobierno permita el ingreso de alimentos y medicinas para paliar la dura escasez que agobia a los venezolanos.

Además, abordaron el nombramiento de dos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la MUD de servir al Gobierno, dijo el enviado del papa Francisco, monseñor Claudio María Celli.

Las partes acordaron igualmente avanzar hacia una nueva elección de tres diputados opositores del estado Amazonas, suspendidos por la justicia al acoger una impugnación presentada por el oficialismo por supuesto fraude, lo que dejó a la oposición sin la mayoría especial de tres quintos en el Parlamento, que de todas formas controla.