El asambleísta Joao Acuña, en su proyecto de reformas a la Ley de la Defensoría del Pueblo, señaló que “para evitar que queden en indefensión los consumidores de servicios privados, en especial de línea blanca, productos eléctricos y de consumo masivo”, se planteó estos cambios a la ley que rige al organismo.

Según la propuesta, la Defensoría del Pueblo debe tener un rol específico para atender dichos casos, controlando la aplicación de la normativa legal, para que usuarios y consumidores tengan derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad, en libertad y criterio propio, así como puedan acceder a una información no engañosa sobre el producto a adquirir.

También se presentó una propuesta en relación con la Procuraduría General del Estado, el cuerpo legal plantea que la entidad “brinde el asesoramiento, coordinación y supervisión de las instituciones públicas que deben cumplir las resoluciones dictadas por organismos de derechos humanos” en el Ecuador.

De acuerdo a la Asamblea Nacional, los proyectos serán puestos en consideración de la Unidad de Técnica Legislativa que emitirá su informe para conocimiento del Consejo de Administración Legislativa.