La inconformidad respecto al proyecto sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) traspasan el interior de la Asamblea Nacional y se extienden a varias organizaciones. Hasta ayer, 26 de febrero de 2024, aún no había nueva convocatoria de la Asamblea Nacional para reinstalar la sesión para tratar el proyecto. Queda por votar la moción presentada por ADN, según anticipó el presidente del legislativo, Henry Kronfle, la tarde del 22 de febrero.

Desde el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), su presidente José Villavicencio señala que “existe un tongo” entre las bancadas de la Asamblea y el Ejecutivo para aprobar los proyectos de ley pero que las reformas al COIP han sido una excepción. Considera que hay algunas reformas positivas aunque “técnicamente no está demostrado que aumentando las penas se va a resolver el tema de la delincuencia”. El COIP sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete años el delito de secuestro. Con la reforma se plantea incrementar la pena hasta 10 años y al secuestro extorsivo, una pena de hasta 16 años.

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Según Paquita Morejón, integrante de la Coalición de Mujeres de Ecuador, se esperaba reformas  del COIP en temas de género que guarden “concordancia con la ley de violencia contra las mujeres”  y otras leyes existentes para mejorar la gobernabilidad en el país, pero considera que eso no sucede. El proyecto tipifica el delito de feminicidio y señala que el servidor público que niegue o retarde auxilio preventivo será sancionado con una pena de hasta tres años e inhabilitado para ocupar cargos públicos por hasta cinco años. Cuestionó que el Estado no tiene políticas de prevención ni existe respeto hacia las mujeres como sujetos de derechos plenos.

Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), recuerda el caso de Juliana Campoverde en el que un pastor evangélico fue sentenciado por el delito de secuestro extorsivo. Pero, dice a pesar de que todo se vuelva punitivo, el pueblo aún queda “indefenso” y casos similares siguen en aumento. Según un informe gubernamental, entre el periodo de enero a diciembre de 2023 se registraron 730 personas desaparecidas, cuyos casos están en investigación, mientras que un 7 % fueron    desapariciones sin voluntad. “Tenemos un sistema de justicia que es injusto porque el Estado no se hace presente”, agrega.

Para Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), debe existir un compromiso serio de parte de la Asamblea con el país para tramitar reformas fundamentales sin generar dilatorias porque “eso demuestra que no hay un interés por buscar mecanismos que impidan los actos delincuenciales y se los sancione adecuadamente”. Las reformas quedarán en letra muerta si no se depura el sistema de justicia, indica.

EL FUT

Intentan beneficiar a corruptos. Villavicencio considera que con el actual proyecto se intenta priorizar “los beneficios de un grupo político”. Dice que “la Asamblea tiene una práctica de mandar artículos a la última hora para ver si les resulta”.

Coalición de Mujeres

Falta responsabilidad estatal. Morejón dice que el feminicidio es “la responsabilidad que tiene el Estado por dejar pasar este tipo de muertes (por razones de género)”, por lo que “indudablemente” la reforma asusta a los funcionarios.

Asfadec

No hay políticas de prevención. Rueda señala que los gobiernos no se preocupan de difundir la prevención sobre desapariciones, faltan normas que garanticen la protección de las personas, dice al recordar desapariciones por secuestros.

CNA

Depurar la Función Judicial. Rodas plantea algo más estructural, la “limpieza de la Función Judicial” y sumar opiniones de la sociedad, pero de momento, cabe votar por artículos para “evitar paquetazos en favor de la impunidad”.

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