La Fiscalía General del Estado (FGE) reaccionó a los cambios que la Asamblea Nacional busca realizar mediante el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Su pronunciamiento se hizo público este 14 de febrero de 2024, a horas de que el Pleno del Legislativo desarrolle el segundo debate del informe de la Comisión de Justicia.

En un comunicado, la Fiscalía expresó su preocupación y su rechazo al proyecto porque observa un “intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal del Ecuador, a través de la inclusión de figuras que provocarán la impunidad en causas penales que cuentan ya con sentencias condenatorias ejecutoriadas”.

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En el proyecto se plantea modificar el artículo actual del COIP, el 658, incluyendo dos causales para proponer el recurso de revisión. Para la Fiscalía, incluir como causal “un nuevo análisis sobre vicios procesales y pronunciamientos de comités de Derechos Humanos (que no tienen la misma validez que una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), no solo va en contra del sentido y finalidad misma de este recurso, sino que -además- irrespeta la institución de la cosa juzgada, cuya decisión únicamente admite reforma en circunstancias excepcionalísimas”.

De lo contrario, puntualizó la Fiscalía, todo el sistema de justicia y sus decisiones perderían valor, abriendo la posibilidad a que todo delincuente con sentencia condenatoria ejecutoriada sea puesto en libertad.

La modificación al artículo 584, sobre la reserva de la investigación, también llamó la atención de la Fiscalía. Si esta se aprueba, la Asamblea Nacional podrá solicitar información de casos o hechos que se encuentran en investigación previa en la Fiscalía. Esta reforma también generará impunidad, explicó el Ministerio Público porque “se pretende obligar a la FGE a archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito”. Existen investigaciones que implican un tiempo mayor a uno o dos años y el artículo 195 de la Constitución de la República otorga la titularidad de la acción penal pública únicamente a esta institución, añadió.

También señaló que las reformas al COIP pone en riesgo el éxito de las investigaciones y operativos de la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional, al intentar exigirle la entrega de información que reposa en sus expedientes y que, por norma, cuenta con una cláusula de reserva.

Otra crítica de la Fiscalía es sobre la imprescriptibilidad de ciertos delitos. Indicó que no hay un análisis ni estudios político criminales previos que avalen su imposición. En ese contexto, cuestionó que “las propuestas deben cumplir con los principios de la política criminal y no responder a intereses políticos”. Calificó al proyecto como una propuesta irracional que crea escenarios de litigio sin fundamento e instancias que pueden dar lugar a escenarios de impunidad.

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