Con cinco votos a favor, una abstención y dos ausencias, la Comisión Ocasional de Enmiendas aprobó el informe para primer debate del paquete de cambios a la Constitución por las que se quita al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la facultad de nombrar a las autoridades de control, y devuelve esta designación a la Función Legislativa.

En el documento se deja en claro que el Parlamento tendrá la capacidad de nombrar y destituir a las autoridades de control con el voto favorable de la mayoría absoluta, esto es, 70 votos.

El cambio es al artículo 120 de la Carta Magna por la cual la Asamblea tendrá la facultad de designarán a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y Consejo de la Judicatura (CJ).

La reforma señala: “La designación y destitución de las autoridades contempladas en los numerales 14, 15 y 16 se realizará con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Se garantizarán condiciones de equidad y paridad entre mujeres y hombres, la igualdad de condiciones para la participación de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, así como los principios de independencia, transparencia, meritocracia, probidad, integridad e idoneidad, impugnación y veeduría ciudadana”.

La Constitución, en el segundo inciso del artículo 131 hacia una excepción para la destitución de los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, estableciendo que su destitución es con el voto favorable de las dos terceras partes de los asambleístas que conforman el pleno de la Legislatura, es decir, 91 votos, lo cual se cambia en la enmienda.

Al interior de la Comisión se decidió dejar de lado la posibilidad de que la destitución de los Ministros de Estado también sea por 70 votos, considerando que este tema no ha sido parte de la consulta que fuera enviada a la Corte Constitucional (CC) para su dictamen.

En otro orden de cosas, el organismo legislativo aprobó la enmienda al artículo 179 relacionado a la designación de los miembros del Consejo de la Judicatura, y estableció que serán elegidos por la Asamblea a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de impugnación a los candidatos.

En tanto, el Consejo de Participación Ciudadana tendrá como facultad el promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, e impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público. Además, tendrá la facultad de organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de las autoridades que la ley le faculte.

La presidenta de la Mesa, Elizabeth Cabezas señaló que el informe solo establece las facultades de designación de las autoridades de control que tendrá la Asamblea, pero que los mecanismos de selección, se lo decidirá durante el trámite de las enmiendas, y que para eso tienen el plazo de un año entre el primero y segundo debate, cambios que deben estar desarrollados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Además el pleno de la Comisión resolvió solicitar al presidente de la Asamblea, César Litardo, y por su intermedio al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que autorice que la Mesa se prorrogue en funciones a fin de seguir con el proceso de enmiendas luego del primer debate, y también conocer el planteamiento de reforma constitucional presentado por el Comité de Institucionalización Democrática que plantea eliminar el Consejo de Participación Ciudadana mediante una consulta popular, para lo cual recogió más de doscientas mil firmas de respaldo y que ya fueron entregadas en el Parlamento.

Al respecto, el asambleísta Patricio Donoso (CREO) y vocal del CAL indicó que la tarde del jueves 28 de noviembre de 2019, el presidente Litardo envió al Consejo Nacional Electoral las firmas presentadas por el colectivo ciudadano para su validación, paso previo al debate que debe realizar la Legislatura en torno al pedido de eliminación del Cpccs.