Lo importante del plan Fénix ya se comunicó y lo hizo durante la campaña electoral. Que el primer paso para que funcione era aplicar cambios en los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Así respondió el presidente Daniel Noboa a los cuestionamientos de la poca difusión de las acciones de seguridad que se han ejecutado en el país desde que asumió el mando.

Recordó que el proyecto está en marcha desde el día uno y que a breves rasgos se trata de la implementación de nuevas cárceles, renovación de la inteligencia y la dotación de equipos; pero que los operativos del caso Metástasis son el resultado del desarrollo de su iniciativa.

“Cinco de ocho generales de la Policía, dentro del Operativo Metástasis salieron; eso no es silencio, eso es un grito al crimen organizado, otro grito a las organizaciones (delictivas) que están infiltradas en las instituciones del Estado”.

Estas declaraciones se dieron al final de la reunión de seguridad dada en el ECU 911 de Samborondón durante la tarde de este 15 de diciembre y ahí se anunció la unificación de los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y que recibirá apoyo internacional para perseguir a bandas transnacionales.

En este pronunciamiento gubernamental, no hubo intervención de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, a pesar de que se informó que sí iba a dar declaraciones sobre lo discutido en el gabinete, que tuvo una sesión de más de una hora.

En relación con la violencia e inseguridad en las calles, focalizaron su atención en el cantón Durán. “Porque desde ahí se articulan varios crímenes, hay problemas de droga, mucha afectación a la población y, sobre todo, falta de agua”, dijo el presidente.

En torno al tema carcelario, recordó que se planifica la construcción de prisiones de máxima seguridad y que de cajón irá en una de las preguntas de la consulta popular la expulsión de extranjeros que tengan más de cinco años de sentencia condenatoria ejecutoriada.

Se trata de aproximadamente 1.500 personas con delitos graves, “este es un país de paz... pero los que vienen a hacer las cosas mal, a delinquir; se van”.

En ese orden, adelantó que la Cancillería de Ecuador ha hablado con sus similares de Perú, Colombia y Venezuela para tratar el tema, porque el 80 % de los presos son de esas naciones.

Y que estima en el mes de febrero iniciar la construcción de dos nuevos centros de rehabilitación de máxima seguridad, aunque no aclaró en qué lugares del Ecuador. El fin es descongestionar los actuales reclusorios que aún mantienen problemas de hacinamiento.

No descartó ni tampoco afirmó sobre la contratación de las prisiones barcazas que servirán para el aislamiento de los reclusos hasta que estén listas las edificaciones, pero sí resaltó que está en conversaciones con dos empresas para su terminación.

El promedio dado para que dichas obras estén listas para ser usadas explicó que sería en 12 meses. De esta forma, Ecuador pasaría a tener 36 cárceles en el territorio nacional. Esto sin contar los bienes inmuebles que sirven para albergar a los adolescentes infractores.

La población carcelaria, según el último censo penitenciario, es de 31.321, la mayoría está entre los 18 y 44 años.

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