Es un conflicto con historia. Cerca de 500 extrabajadores de la empresa petrolera china, Andes Petroleum, reclaman el correcto pago de sus utilidades desde 2008.
Según ellos, hay cálculos incorrectos. Rubén Cuesta, procurador de los exempleados, señala que los informes empresariales de Andes, presentados ante el Ministerio de Trabajo, tendrían irregularidades. Presuntamente, señaló, hay firmas de empleados que no son originales.
En ese escenario, Cuesta inició acciones civiles, penales y tributarias. Ninguna ha dado los resultados esperados.
Por eso, el procurador de los presuntos afectados pidió, ayer en rueda de prensa, una audiencia pública con el presidente Rafael Correa. El objetivo, aclaró Cuesta, es que el primer mandatario conozca las posibles irregularidades de la petrolera.
Las 500 familias afectadas iniciarán acciones en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó Cuesta. JMF
