Existen funcionarios públicos que continúan laborando para el Estado, pese a tener sentencias condenatorias por diversos motivos como por violencia intrafamiliar, delitos de tránsito y hasta penales.

El tema fue abordado por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional este 12 de abril de 2023. El legislador Ricardo Vanegas dio a conocer que la información fue recabada con el apoyo del Consejo de la Judicatura (CJ), el Ministerio del Trabajo y la Contraloría General del Estado: El resultado: 1.797 personas están en esa situación. El objetivo es depurar al personal que trabaja en el sector público y evitar que burlen a la justicia.

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El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, informó que a partir del 19 de octubre de 2022 se acordaron acciones para dar seguimiento y depurar el registro de procesos de sentencias condenatorias y el impedimento para laborar en el sector público. 

Informó que ha remitido al Consejo de la Judicatura un listado, a fin de que realice un cruce de información con los servidores que han tenido sentencia condenatoria y, con ello, actualizar el registro de impedimento para ejercer cargo público.

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El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, dijo que comparte la preocupación por la permanencia de personas condenadas en el servicio público, pero recordó que al Consejo no le compete la rectoría del talento humano, por lo que no se le puede responsabilizar de esta situación.

No obstante, dio a conocer que ha emitido un oficio circular disponiendo a los administradores de justicia que notifiquen a las autoridades competentes las sentencias condenatorias ejecutoriadas en contra de personas que están laborando en el sector público.