Al pedido de juicio politico contra el ministro Espinosa le falta la firma de CREO

Al pedido para juicio político contra el ministro de Educación, Augusto Espinosa, solo le faltaron las firmas de la bancada de CREO.

Lo dijo el legislador de Avanza, Bayron Pacheco, quien es el autor de esa solicitud, de 13 páginas. “Queremos respaldo al juicio político contra este ministro porque violó la ley, la Constitución y los reglamentos. No aseguró las instituciones educativas ni las oficinas gubernamentales del área del terremoto y eso le causó un grave perjuicio económico al Estado”, explicó a EXPRESO mientras recogía las firmas en la Asamblea.

Los 10 integrantes de la organización política de Guillermo Lasso se negaron a incluir su firma en esa solicitud. “El bloque tiene que analizar y discutir el pedido de juicio político. No hemos recibido el documento”, comentó a este Diario el asambleísta de CREO Raúl Auquilla.

Según Pacheco, los otros grupos de la oposición (Pachakutik-Unidad Popular, el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, Avanza, los independientes y Sociedad Patriótica) apoyan esta iniciativa. “Los argumentos son tan fuertes que nadie los podría negar. El propio ministro dijo a la opinión pública que no ha cumplido con la ley y reconoció que ninguna escuela fue asegurada”, señaló el legislador.

Uno de los parlamentarios que firmaron fue Ramón Terán, de PSC-MG. “El ministro Espinosa cometió un grave error al decir que no se deben asegurar los bienes del Estado. Esas unidades educativas se destruyeron después de dos años de haber sido construidas”, dijo a EXPRESO.

Mientras su colega de partido Cristina Kronfle opinó que cuando alguien asume un cargo en el Gobierno debe proteger los bienes del Estado, pero en este caso el ministro Espinosa no lo hizo. “Él no tenía una bolita mágica para saber que iba ocurrir un terremoto, pero sí tenía que precautelar los bienes con un seguro”, declaró. En cambio, la independiente Grace Moreira, quien era asambleísta por el desaparecido Partido Roldosista Ecuatoriano, firmó la solicitud porque “apoyo las buenas acciones. Soy de Manabí y he visto cómo se cayeron las escuelas, hospitales y otras instituciones. ¿Cómo no las aseguró el ministro? Debemos hacer nuestro trabajo fiscalizador e investigar por qué pasó esto sin que nadie lo sepa”, sostuvo.

El pedido de juicio político irá a la presidencia de la Asamblea, luego al Consejo de Administración Legislativa (CAL) y finalmente a la Comisión de Fiscalización, que tiene 11 miembros: nueve del oficialismo y dos de la oposición.

Ante ese panorama, los impulsores no son optimistas y creen que de allí no pasará. CMP