Los restos arqueológicos hallados en la hacienda Santa Rosa de la parroquia San Pedro de Balao, del cantón del mismo nombre, en la provincia del Guayas, pertenecen a las culturas Jambelí y Milagro-Quevedo.

El arqueólogo Byron Vega, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), lo confirmó tras recorrer la zona donde se descubrieron las tolas (tumbas indígenas). “Puedo asegurar al cien por ciento que el material no es inca, lo que hemos encontrado es material de la cultura Jambelí, de la época de desarrollo regional y material de la cultura Milagro-Quevedo”, manifestó el experto luego de cavar una parte del terreno.

En la primera, los vestigios tendrían una antigüedad de 100 años antes de Cristo y 900 d.C.; mientras que las otras, correspondiente al periodo de Integración, de unos 1.500 años después de Cristo.

“Vamos a recomendar que se haga una inspección de prospección (exploración del terreno) para determinar cuántos vestigios hay en todo el territorio”, manifestó el representante del INPC. Una gestión que no lo hacen ellos como instituto, sino que debe realizarse de manera privada. El informe del análisis realizado el pasado jueves pasará a manos del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Balao, que solicitó la inspección “(...) hemos constatado que estamos en una tola y hay bastantes fragmentos (...) se va a recomendar un trabajo más extenso y minucioso”, dijo Vega.

Manuel Peñafiel, presidente de la Corte Nacional Indígena (CNI), ratificó que parte de los restos arqueológicos encontrados ya están en análisis de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) y de la Unidad de Pueblos Indígenas de los Estados Unidos. Asimismo, recordó la existencia de otros hallazgos arqueológicos de la Reserva Natural de Churute y la isla Puná.

“Esto sería un hallazgo importante para nuestro país en tiempos de pandemia y esperamos que esos informes sean valorados no solo por Patrimonio, sino que estamos esperando a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional, por la tala indiscriminada de árboles; al Ministerio de Gobierno y al Ministerio del Ambiente”.

Para preservar el sitio, Peñafiel asegura que emitió una sentencia indígena, tomando posesión del predio para precautelar los intereses de las nacionalidades y pueblos, tal como lo dispone el artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial.

El abogado Rafael Ponce, síndico de la CNI, solicitó al Municipio de Balao la legalización de la zona de los hallazgos a favor de los comuneros o pueblos ancestrales del sector, tal como lo señala un juez de la Unidad Judicial Civil de Naranjal en una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada. “La mesa de asuntos indígenas de la Asamblea Nacional ya tiene conocimiento del tema y se pedirá la intervención del Ministerio del Ambiente por la tala indiscriminada de árboles en el sector del hallazgo”, señaló.

Los comuneros piden más protección a la Policía y demás autoridades, para evitar saqueos en la zona. Eduardo Velásquez reiteró su pedido para que las autoridades impidan la presencia de extraños que se están apoderando de los restos arqueológicos ilegalmente. “Para nosotros es un suceso trascendental, es un avance muy bueno (...) estas tierras tienen que ser protegidas”, sugirió.

La psicóloga Lolita Rivera, directora de Participación Ciudadana del Municipio de Balao, comentó que esas tierras están en litigio, por lo que esperarán el informe del INPC para conocer las recomendaciones que se hagan al respecto, por el hallazgo de las tolas.