Pases: nadie estuvo en el puesto por casualidad

Los 18 que quedan en el proceso por la presunta venta ilegal de pases en la Policía eran parte de la red. No estuvieron en sus puestos por casualidad. Lo aseveró la fiscal de Pichincha, Thania Moreno.

Ella presentó, ayer por la mañana, su dictamen en el caso de la supuesta estructura de corrupción que generó, al menos, seis millones de dólares para los implicados.

En la audiencia preparatoria de juicio, cumplida en la Corte Nacional ante Marco Rodríguez, presidente de la Corte de Pichincha, la fiscal individualizó la responsabilidad de cada sospechoso. Le tomó casi dos horas.

Empezó con el excomandante de Policía, Fausto Tamayo, y el teniente que laboró en la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior. Ambos “ejercían el mando en la red”, acusó la fiscal.

Dijo que Tamayo “no era una persona ingenua que pueda ser manipulada o que se abusó de su confianza”. Él, con su experiencia laboral en las direcciones de Inteligencia y Personal, conocía el trámite de los pases y sabía de la supuesta organización, dijo.

Moreno reveló que los testimonios detallan que el dinero fue entregado a Tamayo en la Comandancia, en la Escuela de Policía, en casa de sus padres o en un garaje. Eran pagos de 1.000 a 25.000 dólares.

Del teniente dijo que era el supuesto líder del grupo. Recordó que era primera antigüedad, capacitado y trabajaba como asistente en la Presidencia. Habló de las contradicciones del oficial prófugo. Dijo que ocultó, por ejemplo, que tenía cuentas con sumas altas de dinero y que no correspondían a sus ingresos. En 2015 compró una casa por 70.000 dólares y adquirió vehículos. A él, le entregaron dinero en restaurantes y en su casa. También recibió electrodomésticos. Era él quien pedía directamente los pases.

Parte del grupo eran un analista, un edecán, un ayudante. Se suman ‘los intocables’: un grupo constituido para ofertar los pases y prestar sus cuentas para los depósitos, y la madre del teniente.

Pero la defensa respondió. Ricardo Vaca, abogado de Tamayo, cuestionó que la fiscal no haya dicho nada de la existencia de una Comisión de Pases en el Ministerio del Interior.

Cuestionó, además, los procedimientos abreviados en los que cuatro procesados recibieron seis, ocho y 12 meses cuando las penas debieron ser de tres años o más, dijo. Por eso, pidió una reunión con los demás abogados para conocer los acuerdos que se celebraron con la Fiscalía.

El defensor del general añadió que dos investigados que involucran a Tamayo tenían estrecha relación con él porque “eran los mensajeros del Ministerio del Interior”. Insistió en que, al menos, 512 pases fueron pedidos por autoridades civiles.

Semanas atrás, las autoridades del Ministerio del Interior deslindaron cualquier participación. El viceministro Diego Fuentes aseguró, incluso, que el caso inició por una denuncia de esa entidad, en julio. Aunque ayer la fiscal dijo que la investigación inició en enero de 2015. MCV