Los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) solicitaron el 27 de febrero de 2023 un informe a la Coordinación General de Asesoría Jurídica sobre la sentencia que destituyó a los siete exconsejeros de la institución. Las autoridades buscan recopilar lo actuado por el anterior Pleno.

Según comunicó el Consejo, los miembros decidieron solicitar “se realicen las acciones que correspondan institucionalmente” para que, junto al informe jurídico, se anexen actas, resoluciones, actos administrativos y demás actos realizados entre el 18 de noviembre del 2022, al 23 de enero de 2023.

Ese periodo corresponde desde la destitución de cuatro exconsejeros por parte del Legislativo hasta la destitución de los siete miembros por parte de la Corte Constitucional, respectivamente. “Estamos empeñados en hacer un trabajo apegado a la ley, a la norma, porque mientras más claridad tengamos (...), podremos actuar de manera correcta”, dijo Gina Aguilar, presidenta del CPCCS.

A la par, Aguilar anunció que se empezará a trabajar en la reconstitución de los equipos técnicos y las comisiones ciudadanas, con el fin de echar a andar los seis procesos de designación de autoridades que están pendientes.