El Consejo de Participación, además, prevé iniciar este jueves el primer debate del Reglamento de Funcionamiento del Pleno de este organismo.

Participacion va tras los cobros no autorizados en la banca privada

En medio de los cuestionamientos, el CPCCS creará observatorio ciudadano para los afectados por la banca privada.

Con dos juicios políticos en la Asamblea y una investigación fiscal en curso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) retoma la tarde de este 18 de julio de 2019 las sesiones de pleno.

Los siete integrantes del organismo conocerán los detalles de la acción de protección que aceptó el juez Ángel Michuy al presidente del Colegio de Abogado de Pichincha, Ramiro García, para impedir que se conforme una comisión que revise la designación de la actual Corte Constitucional.

Una acción similar fue presentada por el asambleísta de movimiento Ahora, exCREO, Fabricio Villamar, y aceptada por la Justicia, pero no forma parte del orden del día del Consejo.

Pero ese no fue el único revés jurídico que tuvo el CPCCS la semana pasada. Un juez aceptó las medidas cautelares solicitadas por la asambleísta Isabel Verdesoto para frenar la pretensión del ente de nombrar un nuevo Defensor Público sin, supuestamente, seguir el debido proceso.

Ambas decisiones se tomaron el 10 de julio pasado, día de la última sesión del pleno.

Con estos antecedentes Participación definirá si aprueba o no el acta de la sesión anterior. En caso de hacerlo, sellaría la conformación del comité que desencadenó una lluvia de denuncias por desacato contra Tuárez, la vicepresidente Rosa Chala, Victoria Desintonio y Walter Gómez en Fiscalía.

El asambleísta Raúl Tello, que es una de los denunciantes, es del criterio de que independientemente de que el Consejo ratifique o no la conformación de la comisión, el delito ya está cometido y debe ser sancionado.

Además, según la convocatoria, el CPCCS conformará este 18 de julio un observatorio ciudadano para los afectados por la banca privada en el caso del cobro de servicios adicionales no autorizados.

Específicamente se menciona a la empresa Asistencia Especializada del Ecuador (GEA) que estaría detrás de los débitos sin autorización a ciertos clientes de la banca nacional.

En otro punto, el Consejo de Participación prevé iniciar este jueves el primer debate del Reglamento de Funcionamiento del Pleno de este organismo, cuando ya han pasado 41 días de su posesión y llevan cinco sesiones a cuestas.