Se despiden tomando una decisión controvertida. El Consejo de Participación Ciudadana de transición emitió ayer un mandato disponiendo que Pablo Celi permanezca como contralor subrogante hasta la conclusión del período para el que fue designado el titular de este organismo y mientras se reforma a la Contraloría General del Estado.

Celi asumió el cargo en junio de 2017 luego de la renuncia de Carlos Pólit que se vio envuelto en el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Sobre Pólit pesa una sentencia de seis años de privación de la libertad por el delito de concusión. Él está prófugo en Miami.

El período del contralor subrogante se extendería hasta 2022 si, en ese tiempo, no se ha concretado la creación del Tribunal de Cuentas. Esta nueva figura para la Contraloría fue propuesta por el propio Celi a inicios de este año y fue avalada por el Ejecutivo, la Asamblea y el propio Consejo de transición. Sin embargo, la idea aparentemente quedó congelada y de su conformación hay escasas noticias.

La decisión del transitorio se produce a menos de una semana de que termine su trabajo. El 14 de mayo deberán ser reemplazados por los consejeros definitivos y había la inquietud de que los nuevos funcionarios convocaran al concurso para designar al contralor que fue el único que no fue evaluado durante la etapa de transición.

El consejero Luis Hernández le dijo, a finales de abril, a Diario EXPRESO que esperaban que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) “sintonizara” con la idea de que se cree un Tribunal de Cuentas y mientras tanto no llame a concurso para la designación. Pero, al parecer, el transitorio prefirió no tomar riesgos y elevó la decisión al nivel de mandato.

¿Qué garantiza que el nuevo CPCCS se allane a la decisión del transitorio? El presidente del organismo, Julio César Trujillo, recordó que “se resolvió desde el primer día que nuestros mandatos tienen jerarquía constitucional y por lo tanto son obligatorios. Los nuevos organismos deben cumplir todas las normas que hemos expedido”, dijo Trujillo.

Pero, para que no queden dudas, en el mandato emitido ayer el Consejo de Participación incluyó una disposición derogatoria que señala que “las disposiciones reglamentarias que se opongan a este mandato no surtirán efecto alguno”.

Y si faltaba algo más, minutos después, la Corte Constitucional dictaminó, ante una consulta que hizo Trujillo el mes pasado, que el CPCCS definitivo no ostenta las competencias extraordinarias que el “Régimen de Transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” otorgó al transitorio. La sentencia fue sustentada por la jueza Teresa Nuques, quien actuó como ponente.

Esto significa, según la sentencia constitucional, que los funcionarios que se posesionarán el 14 de mayo “no gozan de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo transitorio”.

Los consejeros de Participación hicieron también un llamado a las distintas funciones del Estado a que cumplan con las atribuciones constitucionales y legales para que se viabilice “en el menor tiempo posible” la creación de un Tribunal de Cuentas que reemplace a la Contraloría.

El detalle

Despedida. El Consejo de transición tendrá su última sesión el lunes. Ayer, los consejeros entregaron sus informes de gestión.

Voces

Marcelo Espinel

Miembro de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

Es una extralimitación más en las funciones del Consejo transitorio. Sería penoso pensar que lo que están buscando es que la Contraloría no audite sus acciones.

Salim Zaidam

Académico y abogado experto en temas constitucionales

El Consejo transitorio no tiene competencia para interpretar la Ley Orgánica de la Contraloría, se han arrogado funciones y quien debía interpretar es la Asamblea.