Los abusos sexuales cometidos masivamente contra menores en el sistema educativo nacional han quedado, en lo que a responsabilidades políticas se refiere, en la impunidad. Así lo decidió anoche el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) con los votos de los oficialistas, sorpresivamente unidos en este propósito: José Serrano, Viviana Bonilla, Carlos Bergman, Soledad Buendía y Verónica Arias. El juicio político contra el exministro de Educación, Augusto Espinosa, fue inadmitido con la inesperada colaboración de Silvia Salgado, la presidenta de la Comisión Aampetra, conformada para investigar el tema. Hasta el mediodía de ayer, ella se presentaba como una adalid de la causa. Por la noche, a la hora decisiva, cambió de cara... ¡Y de informe!

La decisión se tomó tras la comparecencia de Aampetra en el CAL. La Comisión había sesionado en la mañana para aprobar su informe, pero no lo hizo; el documento que presentó la presidenta resultó un desastre: mal sistematizado, sin información completa ni rigor en la exposición de argumentos, lleno de citas entrecomilladas que no se atribuían a nadie... Salgado dedicó la tarde a enmendar esos defectos en compañía de sus asistentes, a quienes riñó públicamente por su incompetencia, pero intervino también en la parte del documento que no precisaba correcciones: las conclusiones, que apuntalaban la tesis de la negligencia del Ministerio.

Decía ese informe original, entre otras cosas, que ni las autoridades de las escuelas denunciaron los casos ante la justicia (privilegiaron el prestigio de la institución a la protección de las víctimas) ni las instituciones del Estado, léase el Ministerio de Educación, sancionaron esta omisión.

Si Espinosa, en su descargo, hablaba de la descoordinación institucional, el informe original de Aampetra aseguraba que el sistema de coordinación existía desde 2012. Si el exministro hablaba de falta de protocolos, la Comisión aseguraba que los había desde 1998. Si se jactaba de sus campañas de comunicación, Aampetra sostenía que no fueron suficientes. Y señalaba otras omisiones: no se protegió a las víctimas; se permitió que muchos casos prescribieran; no se controló los colegios privados; se incumplió las normas de contratación, pues hay 1.800 docentes sin título y directivos que no cumplen requisitos...

La sorpresa se produjo a las 5 de la tarde. Ya en el CAL, Silvia Salgado, quien por la mañana se llenaba la boca con el principio del “interés superior” de la protección de los niños y exigía “pedir cuentas a quienes les correspondía actuar”; por la tarde diluyó las responsabilidades en el sistema educativo y salvó al ministro. Fue una exposición “absolutamente dispersa”, según Patricio Donoso (CREO).

Lourdes Cuesta y Héctor Muñoz (CREO), de Aampetra, dejaron claro que ese informe no había sido aprobado. A Muñoz, el presidente José Serrano le impidió hablar de otra cosa que no fuera el caso Aampetra (Academia Pedro Traversari, que da nombre a la Comisión), como si el juicio político en debate se agotara en él. “¿Para qué nos llamaron?”, protestaron los de oposición, y el correísta Juan Cárdenas dio muestras de su sensibilidad e interés por el bienestar de los niños: “Sí -respondió-, yo creí que al menos nos iban a dar una cenita”.

Donoso y Luis Fernando Torres (PSC) miembros del CAL, consiguieron imponer a Aampetra la obligación de iniciar juicios penales contra los involucrados. Se tomó votación: el juicio fue rechazado. Augusto Espinosa, con la cara lavada, continuará campante al frente de la Comisión de Educación de la Asamblea.

Alumnos en indefensión

Según información de la Fiscalía citada en el borrador del informe de Aampetra, solo el 9 por ciento de los casos de abuso sexual en las escuelas ha tenido una sentencia. El informe destaca el hecho de que el Ministerio de Educación no dispone de esos datos, porque “no tienen un sistema para la presentación y seguimiento de estos casos”. Otro dato alarmante: los consejeros estudiantiles solo cubren el 65 por ciento de la población estudiantil. “El 44 por ciento restante está en la indefensión”.

Serrano tomará acciones legales por su cuenta

El titular de la Asamblea, José Serrano, señaló la tarde de este martes 14 de noviembre que liderará el enjuiciamiento a los responsables de abusos sexuales en instituciones educativas del país.

En su cuenta de Twitter también afirmó que “en el marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea tiene la competencia de fiscalizar a los ministros por incumplimiento de sus funciones”

Agregó que “la decisión del CAL (Consejo de Administración de la Legislatura) no responde a ningún compromiso partidista”; que es “una decisión que refleja la ausencia de pruebas que determinen el incumplimiento de funciones del exministro de Educación”, en referencia a Augusto Espinoza, quien fue eximido del juicio político la noche de ayer por dicha comisión.