El pais que olvido a sus heroes

Carlos Góngora llegó ante la Asamblea Nacional a mediados de junio. El boxeador ecuatoriano y ganador de varios torneos internacionales fue a pedir audiencia con el presidente del Legislativo, César Litardo.

¿El motivo? Encontrar una manera de que, cuatro años después de la derogación del pago de pensiones vitalicias, los deportistas del país pudieran acceder nuevamente a un beneficio que se ha otorgado de manera intermitente a lo largo de los años.

El decreto original se creó en 1992 y tras varios años de pagos inestables, se decretó nuevamente en 2007. En 2015, ambos se abolieron y las pensiones pasaron a manos de la Ley de Reconocimiento Público.

La normativa determinaba la creación de un comité en que participarían delegados de los ministerios de Deporte, Educación, Cultura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo Nacional por la Igualdad, quienes elegirían a los beneficiarios. Estaría encabezado por la Presidencia. Pero desde su creación, el comité no se ha reunido. Esta semana, la Presidencia indicó a EXPRESO que no cuenta con un delegado para esto.

Roberto Ibáñez, subsecretario de Deportes, indica que para él, la poca efectividad del comité recae, al menos en esta entidad, en el hecho de que no existe la normativa legal que permita el pago de las pensiones. “Al derogar el decreto, no se creó otro mecanismo para autorizar las pensiones. Así el comité escoja beneficiarios, no hay una normativa para justificar esos pagos”, explicó.

Agregó que mientras él concuerda con la necesidad de que este beneficio forme parte de las reformas a la Ley del Deporte, considera que los pormenores de la misma deben analizarse a profundidad. “El decreto anterior contemplaba la pensión vitalicia para todos los ganadores de medallas de oro, sin importar que a veces fueran niños o adolescentes. Eso se tiene que repensar. Nosotros planteamos el pago para ganadores de medallas de oro en Olimpiadas, Mundiales y Juegos Panamericanos”, señaló.

Góngora no concuerda, pero indica encontrarse abierto a la posibilidad de un debate, sobre todo si el fin es contribuir con los deportistas. Agrega que son más de 200 los que no han recibido pensiones y entraban en los parámetros del decreto.

“Muchos deportistas, que viven únicamente de su talento, han tenido que dejar de practicar por falta de fondos. Otros se han enfermado y no han tenido el dinero para curarse. No es justo, nosotros hemos dejado el nombre de nuestro país en alto. Queremos una solución”, subrayó.

Tampoco es el único ejemplo de las promesas fallidas del Estado a sus figuras emblemáticas. En 2012, se creó la Ley de Héroes y Heroínas. La normativa debía acreditar a 1.400 excombatientes, para que pudiera participar de ciertos beneficios estatales, entre ellos pensiones. Sin embargo, hasta el año pasado, aun no habían recibido medida de socorro alguna.

Esto pese a que, en 2015, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha falló a favor de 103 excombatientes y que, en abril del año pasado, la Corte Constitucional ratificó la decisión jurídica de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los incluya en los beneficios.

Aún no se cancelan, y al menos ocho de los demandantes han fallecido.

Seguro social para artistas, a medias

El Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC) se aprobó durante el régimen pasado con el fin de ofrecer a los creadores del país acceso a beneficios legales como la aplicación a los fondos concursables para proyectos y acceso al Seguro Social.

A diferencia de la afiliación voluntaria, que se paga mensualmente, los usuarios del RUAC tienen la facilidad de aportar al IESS tres veces al año.

Sin embargo, dos años tras la apertura del sistema, el 59 % de los inscritos no está afiliado. Hay temas pendientes que no han sido resueltos. Originalmente, el sistema contemplaba cuatro modalidades de pago, salud ocupacional para elencos, y cofinanciamiento en el pago de pensiones de los artistas en condiciones de extrema pobreza. Aún están pendientes.

Información Adicional

El Eugenio Espejo

La Ley de Reconocimiento Público derogó el decreto de 1997, que se estipulaba la entrega de pensiones vitalicias para los ganadores del prestigioso premio nacional Eugenio Espejo, que reconoce la trayectoria de científicos, escritores y artistas. Ocho meses después, la supresión se corrigió por medio de un decreto presidencial.

Beneficiarios

La norma derogó la aceptación de nuevos seleccionados, pero no los beneficios de quienes gozaban de pensión desde la creación del decreto previo, en 1992. Actualmente, el país tiene 665 receptores de pensiones vitalicias, 352 de los cuales son deportistas. Otros son expresidentes y exvicepresidentes.

Montos

Anualmente, se utilizan $ 3’034.840 en el pago de pensiones vitalicias. El dinero sale directamente del Presupuesto General del Estado. La Ley de Reconocimiento Público contempla la entrega de una pensión mensual equivalente a dos salarios básicos unificados, un valor de $ 788 por beneficiario.