PAIS ‘ajusta’ las competencias de la Contraloria

Más atribuciones para la Contraloría General. El debate del proyecto de ley para regular la propiedad de bienes y capitales en paraísos fiscales por parte de los funcionarios públicos terminará por ampliar el ámbito de trabajo de la entidad de control.

El mismo bloque de legisladores de Alianza PAIS que, en el trámite de la enmienda a la Constitución, redujo las competencias de esta institución, ahora discutirá la posibilidad de que tenga facultad para hacer auditorías forenses.

Es decir, la Contraloría podrá usar técnicas para la prevención e identificación de actos irregulares de fraude y corrupción. Tendrá potestad, además, para despedir a ministros o funcionarios públicos que incumplan con la ley, si el Ejecutivo no lo hace.

Según el texto que se debate en la Asamblea, quienes posean bienes en paraísos fiscales tendrán un año de plazo para deshacerse de esas propiedades. Si no lo hacen, serán destituidos.

Según la oficialista e integrante de la Comisión de Justicia, Marisol Peñafiel, se hicieron algunos cambios sobre el ámbito de aplicación. “La Contraloría tendrá la responsabilidad del seguimiento de estos casos”, dijo.

Pero no es la única modificación al texto enviado por el Ejecutivo. La Comisión pretende que si las declaraciones juramentadas tienen indicios de responsabilidad penal, sean remitidas a la Unidad de Análisis Financiero para que analice la posible existencia de un delito de lavado de activos. Los resultados de ese examen serán enviados a la Fiscalía.

Actualmente, si la Contraloría encuentra indicios de responsabilidad penal, los exámenes van directamente a la Fiscalía.

La comisión legislativa incorporó, además, una alternativa para los funcionarios que no quieren deshacerse de su dinero y propiedades en los paraísos fiscales: renunciar. “El servidor puede vender o renunciar a esos bienes. La persona queda en plena libertad de decidir”, explicó Gina Godoy, también de las filas de PAIS.

Pero hay otros casos de funcionarios que poseen, por ejemplo, seguros médicos en paraísos fiscales, son diplomáticos o tienen hijos estudiantes en el exterior. Ellos tendrán un año de plazo adicional para justificar su situación.

La Comisión también estableció que el SRI determinará qué países son considerados como paraísos fiscales.

Sin embargo, el legislador de CREO, Miguel Ángel Moreta, insiste en que el proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad, está mal elaborado y es discrecional. “Habría que enmendar la Constitución para aplicar esta ley. Hay premura en el Gobierno saliente para aprobar este mal proyecto”, dijo.

CMP