Los recursos públicos tienen múltiples destinos. Millones de dólares se destinan al pago de la deuda externa, a la educación, salud, obras y al pago de sueldos y salarios de la burocracia. Entre todas las obligaciones que tiene el Estado se incluye, además, el pago por cuidar los bienes del narcotráfico.

En este mes, según la planificación de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), se adjudicará un contrato por más de 2,1 millones de dólares para brindar seguridad privada a los bienes muebles e inmuebles que se incautaron por diferentes delitos. Entre esos, uno de los más importantes, el narcotráfico.

Inmobiliar, por mandato legal, debe subastar los bienes incautados para generar recursos en beneficio del país. Eso, sin embargo, no avanza a la velocidad deseada por impedimentos normativos y judiciales.

La Secretaría Técnica no puede, por ejemplo, subastar los vehículos incautados a Daniel Salcedo, investigado por presunto peculado, lavado de activos, asociación ilícita y fraude procesal, porque aún no existe un informe pericial que habilite la comercialización sin que existan cargas posteriores a los nuevos propietarios.

Lo mismo ocurre con casas, departamentos, haciendas, patios, bodegas, bienes muebles y vehículos de todo tipo (transporte terrestre, caminero, aéreo, marítimo y fluvial), que llegaron a manos de Inmobiliar luego de operativos policiales y que luego de una sentencia pueden ser comercializados.

Hasta que eso ocurra, en trámites que pueden tomar años, el Estado debe pagar seguridad para proteger esas propiedades.

En el proceso que arrancó el 16 de octubre y que actualmente se encuentra en la fase de preguntas y respuestas, Inmobiliar especifica que se necesita seguridad privada para 66 bienes inmuebles. La protección es de 24 horas al día, los siete días de la semana.

En total, por la magnitud de algunas haciendas y viviendas, la entidad pública requiere de una empresa de seguridad que pueda garantizar 79 puestos de vigilancia permanente con personal armado con ‘equipos letales’.

Lo que se busca evitar, además de robos y daños a las propiedades, es que se repitan las ilegalidades cometidas a finales de 2016, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. El 28 de diciembre, un grupo de burócratas utilizó una de las casas incautadas en Esmeraldas a Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, para hacer una fiesta de fin de año.

Según Pedro Solines Chacón, en ese entonces secretario de la Administración Pública, los funcionarios laboraban en Inmobiliar y fueron inmediatamente separados de la institución.

Determinada la necesidad, EXPRESO consultó cómo se fijó que el contrato debía ser de más de dos millones de dólares por un servicio de vigilancia. Personal de Inmobiliar explicó que “dicho valor se ha calculado en base al precio fijado por el Ministerio de Gobierno (en ese entonces Ministerio del Interior)”.

Según el Decreto Ejecutivo 135 -denominado de Austeridad- ese ministerio es el encargado de dar las pautas para determinar los montos a pagar por el servicio de seguridad privada en todo el aparato estatal.