Pactos y consultas

Personalmente me ha causado sorpresa que en un año con características electorales se presente un pedido de consulta popular, enviado por el presidente de la República a la Corte Constitucional, y anunciado la semana pasada, en cadena nacional, para prohibir que quienes tengan bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales puedan desempeñar una dignidad popular o ser servidores públicos, consulta que genera algunos cuestionamientos, a mi criterio.

El primero de ellos es el momento en el que se ha presentado la consulta que, desde mi perspectiva, le ha quitado esa mirada de imparcialidad que debería tener, generando dudas sobre si esta se realiza observando a los posibles candidatos presidenciales. A mi juicio, esto deja un problema importante adicional, porque al final del día se han cambiado las reglas del juego para quienes han optado por presentarse para un cargo de elección popular.

De realizarse la consulta, la pregunta tal como está planteada tendría como resultado una única respuesta que la mayoría podríamos predecir, alejada de una realidad: una inversión fuera del Ecuador en un país considerado como paraíso fiscal no convierte a la inversión en un hecho ilícito, ya que toda inversión realizada dentro del marco legal vigente es válida, no pudiendo meterse en un solo saco a todo el que invierte fuera del país, por la sola consideración de que el lugar donde se realice esta sea un paraíso fiscal.

Ante la propuesta de un pacto ético, me pregunto ¿por qué no se empieza por poner la casa en orden y se observa a quienes ejercen funciones públicas y tienen inversiones en paraísos fiscales, si esa es la idea a desarrollar? Para esos correctivos no se necesita consulta popular.

Finalmente, me queda una duda adicional: si la consulta sale a favor de prohibir que quienes tengan bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales puedan desempeñar una dignidad popular, ¿qué ocurrirá en caso de que uno de los candidatos que pase a la segunda vuelta tenga inversiones lícitas, en paraísos fiscales? ¿Cuál es el alcance de la consulta?

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