Pacto etico: la consulta contra un candidato

Cuestión de límites. ¿Puede una consulta popular dejar por fuera a un candidato? El pacto ético propuesto por el presidente Rafael Correa y rechazado por el socialcristianismo y CREO retoma un lugar en el debate de la mano del primer mandatario, que sobre el tema prepara la pregunta para una consulta popular, que pueda llevarse a cabo junto a las elecciones generales de febrero.

Los juristas tienen sus dudas sobre un pronunciamiento popular evidentemente dirigido. Mauro Terán, quien fue juez de la Corte Suprema y del Constitucional, no sabe siquiera por dónde empezar el análisis sobre lo que considera, tajantemente, “un absurdo”. “¿Cómo va la voluntad popular en una consulta a contradecir la voluntad popular de las elecciones?”, empieza el jurista, antes de hacer revisión de las dudas más evidentes. “¿Por qué esperar a las elecciones para resolver un problema que viene de los noventa? ¿Por qué no empiezan el pacto ético con el fiscal (Galo Chiriboga)? ¿Por qué en vez de pactos no investigan la corrupción que lleva esos capitales fuera?”, dice Terán, crítico abierto del régimen para quien “no se puede esperar nada racional en defensa de la Constitución” de la Corte Constitucional, encargada de revisar los términos y formas de una eventual consulta.

Fuera de las formas, los tiempos no generan controversias. El exmagistrado constitucional Antonio Gagliardo considera que, a ocho meses de los comicios, hay tiempo suficiente para cumplir el proceso.

Prueba de eso es que en los procesos de 2011, a la Corte Constitucional le tomó tan solo 29 días adecuar y aprobar las diez preguntas que fueron presentadas por Correa.

“El presidente puede mandar directamente la pregunta a la Corte Constitucional que debe analizar que no sea subjetiva, sugestiva, que no tenga carga emotiva y no viole derechos. La Corte puede modificarla, sin dañar su contenido”, dijo Gagliardo a EXPRESO.

Esta prerrogativa le ahorra tres pasos que son obligatorios cuando la iniciativa es ciudadana: pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) los formularios de recolección de firmas, recogerlas en 180 días y presentarlas al CNE, que tiene 15 días para la verificación.

De momento, no está descartada la posibilidad de que esta normativa sea tratada en la Asamblea Nacional, donde el oficialismo acostumbra a imponerse por la fuerza de la mayoría.

Para el constitucionalista y asambleísta opositor Luis Fernando Torres (Cambio-PSC), cualquiera sea el mecanismo, se trataría de una pregunta discriminatoria, que trata de tapar los casos de funcionarios públicos relacionados con los Papeles de Panamá.

“Ellos pueden hacer todo. En la Corte tienen jueces que dirán que es constitucional una pregunta inconstitucional. En las Asamblea pueden reformar una ley acogiendo lo que dice el presidente”, argumenta Torres.

CREO ni siquiera comenta con profundidad un tema al que le ha restado importancia desde su génesis. Su vocero, Aparicio Caicedo, se limita a sentenciar: “Lo ético sería que Ecuador tenga políticos que se preocupen por crear riqueza y no por perseguir a quienes la crearon honradamente”.