Un grupo de ocho organizaciones feministas y de derechos humanos presentaron este 19 de marzo de 2024 ante la Corte Constitucional una demanda para despenalizar el aborto.

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La demanda presentada por el movimiento nacional Justa Libertad busca que el máximo tribunal de garantías de Ecuador declare inconstitucional el artículo 149 del Código Integral Penal (COIP), que castiga de uno a tres años de cárcel a quien practique el aborto y de seis meses a dos años a la mujer que permita que se lo practiquen.

Las ocho organizaciones que forman Justa Libertad son Surkuna, Las Comadres, Alianza de Derechos Humanos, Amazon Frontlines, Bolena, el Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de la Mujer (Cepam) de Guayaquil, Fundación Lunita Lunera y Sendas.

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En 2021, la Corte Constitucional de Ecuador ya despenalizó el aborto en casos de violación y ordenó a la Asamblea Nacional elaborar una regulación, cuyo resultado no convenció a las organizaciones demandantes, pues el entonces presidente Guillermo Lasso  introdujo cambios que a su criterio limitan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

• En la mesa del tribunal

La directora ejecutiva de Surkuna, Ana Vera, aseguró que la Corte Constitucional, que recientemente despenalizó la eutanasia en Ecuador con el caso de Paola Roldán, una mujer que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), "es un órgano que tiene que estar a la altura del momento histórico que le va a tocar vivir justamente al conocer esta demanda".

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Para Vera, el tribunal debe dar prioridad a esta demanda y dirimir en menos tiempo de los seis meses que se tomó en el caso de la eutanasia, pues "es indispensable que elimine de forma urgente el delito de aborto, justamente para evitar estas graves, inminentes e inmediatas vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres que pueden darse si este delito no se elimina".

"Este es el momento de defender la libertad. Es ahora, el país está listo para esto, y además este es un mínimo en el marco de los derechos humanos", dijo Vera, para quien "el aborto no debe ser regulado por el código penal, sino que debe ser reconocido como un servicio esencial de salud, y en ese sentido debe ser garantizado a todo el mundo".

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"Además, la existencia de este delito nos impone a partir del derecho penal el mandato de la maternidad. Eso quiere decir que no podemos decidir ni siquiera sobre lo más íntimo en nuestras vidas que es nuestro cuerpo, que es nuestro plan de vida, y si es que queremos ser madres o no. El derecho penal nos obliga a ser madres bajo la amenaza de una pena privativa de la libertad", incidió.

Por ello, el movimiento Justa Libertad señaló en un comunicado que su objetivo es "proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y proyecto de vida, así como garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva de calidad, seguros y legalmente reconocidos".

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