ONU: La disolucion de la UNE fue arbitraria

El Gobierno se ganó una crítica directa de la ONU. Ayer tres relatores expertos en derechos humanos condenaron la disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Esa fue una decisión del Ministerio de Educación, que argumentó que la agrupación no entregó los documentos requeridos para su registro.

Pero los expertos de la ONU advierten un problema más grave: la ‘muerte legal’ de la UNE (según ellos la asociación de docentes más importante del país) refleja las restricciones al derecho a la libertad de expresión y asociación que se viven en el país.

Y ‘acusan’ directamente a la normativa que creó el sistema de registro estatal de las organizaciones sociales.

Según un comunicado emitido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los expertos Michel Forst, David Kaye y Maina Kiai creen que “el Decreto Ejecutivo Nº 739 establece restricciones demasiado amplias a la libertad de expresión y asociación, lo cual permite a las autoridades disolver asociaciones con base en criterios ambiguos”.

Ellos están preocupados por esta legislación que, dijeron, “confiere al Ejecutivo poderes discrecionales para suprimir la voz de la sociedad civil”. Los expertos de la ONU alertaron que, dadas las recientes actividades llevadas a cabo por la UNE, la disolución probablemente se relacione con su trabajo en derechos humanos.

“De hecho, aparentemente, esta decisión es arbitraria, política y adolece de una conexión lógica con un legítimo interés del Estado”, señalaron.

Y exhortaron al Gobierno a cancelar la disolución de la UNE y asegurar el goce de los derechos a la libertad de expresión y asociación.

En el país, quienes han cuestionado el registro de las organizaciones sociales saludaron el pronunciamiento de la ONU.

“Si el Gobierno fuera sensible a la demanda de la opinión pública nacional e internacional y de los organismos de derechos humanos, debería dejar insubsistente el proceso contra el gremio de los maestros”, dijo a EXPRESO Ciro Guzmán, abogado de la Unión de Educadores.

Para el director de Fundamedios, César Ricaurte, los expertos de Naciones Unidas le están diciendo al Gobierno ecuatoriano que está cometiendo una violación muy grave al derecho de asociación. En 2013 él presentó una demanda de inconstitucionalidad al Decreto 16, que fue reformado por el 739.

En la misma línea, el presidente de la Confederación de Comerciantes Minoristas, Carlos Castellanos, cree que el pronunciamiento ratifica que hay violación a los derechos de asociación, restricción a la libertad de organización y a la libertad de afiliación. Él también demandó el decreto.

Los tres coinciden en que el Estado ecuatoriano está en la obligación de aceptar el exhorto del grupo de expertos de la ONU por ser suscriptor de los convenios internacionales sobre derechos humanos. Aseguran que el pronunciamiento es vinculante. RRG