Algunos miembros del oficialismo no habían leído el proyecto de ley de Eficiencia de la Contratación Pública y no se percataron que había un “nuevo impuesto”. Eso ocurrió durante la sesión del segundo debate de esa propuesta en el hemiciclo legislativo, el miércoles.

Aunque el movimiento gubernamental explicó que no se trata de otro tributo, el legislador del Partido Social Cristiano-Movimiento Cambio, Luis Fernando Torres, contó a EXPRESO que sus colegas de curul se “sorprendieron”.

El nuevo impuesto se llama “contribución especial por mejoras” y está incluido en la disposición general. El pago se aplicará a todos aquellos que revaloricen sus propiedades gracias a la construcción de cualquier obra pública.

Por ejemplo, si la prefectura o un municipio construyen un hospital o una escuela, los propietarios de ese vecindario tendrán que pagar esa contribución. “Es un tributo escondido, están privatizando la obra pública. Los ciudadanos tendrán que pagar sin ni siquiera conocer el precio de la obra”, dijo Torres.

¿Cómo se calculará? Según el proyecto de ley, será el costo de la obra prorrateado entre las propiedades beneficiadas y no excederá del 50 % de la revalorización del inmueble.

Los municipios cobrarán esa contribución que se pagará en el plazo de 10 años y en cuotas anuales, dice la iniciativa. Esta llegó del Ejecutivo y fue tratada en la Comisión de Gobiernos Autónomos.

Para la oficialista e integrante de esa comisión, Liliana Guzmán, no existe ningún nuevo impuesto. “Esto ya existía y las prefecturas tenían que aplicarlo, pero no lo hicieron”, contó a este Diario.

El proyecto ofrece reglas: por ejemplo, la ley vigente establece que se puede pagar hasta un 75 % más por los contratos extraordinarios y ampliatorios para la construcción de obras públicas. La iniciativa presidencial señala que el techo será del 8 %. “El aumento de la obra pública por esos contratos ampliatorios eran grandes y generaban casos de corrupción y mal uso de los recursos públicos”, agregó Guzmán.

El proyecto de ley de Eficiencia de la Contratación Pública, además, delimita la responsabilidad de los consultores: si por un mal estudio técnico para obra hay perjuicios, el consultor será suspendido durante cinco años.