La herencia legislativa es abundante. No solo de la gestión que entregó la posta el pasado 14 de mayo, sino de administraciones anteriores. En una revisión al sistema de consultas de propuestas y proyectos de leyes de la Asamblea Nacional es posible encontrar proyectos de leyes en trámite desde el año 2009 en diferentes estados. El más antiguo registrado es el proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público, presentado por el entonces presidente Rafael Correa el 12 de agosto de 2009. Son 423 proyectos represados, según la información oficial, lo que se convierte en la primera traba de la actual gestión para crear su propia agenda.

En el caso de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, existen 97 proyectos rezagados, es decir el 22,9 % del total. El presidente de la mesa y jefe de bancada de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, explica a EXPRESO que definieron una metodología para intentar desfogar la mayor cantidad de leyes pendientes. Primero, agruparán las iniciativas legales en bloques dependiendo de la materia, sea esta penal, electoral, civil, entre otras. Una vez segmentados integrarán subcomisiones para el análisis de cada grupo. Estos a su vez redactarán un informe con recomendaciones que pondrán a conocimiento del pleno de mesa legislativa.

Rafael Lucero, coordinador de la bancada de Pachakutik, cree que es posible matar dos pájaros de un tiro. Su propuesta es empatar o unificar las leyes represadas con las nuevas que salgan de la actual gestión, siempre que guarden similitudes o coherencias. “Porque habrá proyectos (rezagados) que coincidan con nuestras agendas o de cualquiera de la bancada y entonces se le da prioridad a eso para ir ventilando las leyes y, a la par, ir trabajando en nuestras propuestas”.

La tarea de depuración resulta una prioridad, ahora que la Asamblea Nacional tiene previsto presentar hoy su agenda legislativa. Cada una de las bancadas impulsa sus prioridades, que pueden o no coincidir con las del resto. Ahí está la complicada labor de armar un solo documento que responda a las propuestas de campaña de cada grupo político y que cuente con el compromiso de la presidenta Guadalupe Llori y de los titulares de las comisiones, para incluir temas de sus listas de prioridades.

En líneas generales, las voces dentro del Legislativo concuerdan en que las leyes de esta nueva administración deben apuntar a la reactivación económica y la salud como temas macro. Pero al aterrizarlos en normas concretas empiezan a surgir nombres más específicos. Paola Cabezas, coordinadora del bloque de Unión por la Esperanza, detalla su agenda: reformas al Código de Trabajo, una ley para impedir los cobros desmedidos de la banca, una para garantizar los servicios sociales mediante alianza público-privada, una de protección de datos personales, una de turismo, entre otras. “Estamos siendo lo más abiertos posibles para no dilatar el trabajo y sobre todo para no desperdiciar el trabajo iniciado”.

Desde el Partido Social Cristiano también lanzan sus iniciativas. Apuntan a reformar el Código de Trabajo para modernizar el mercado laboral. Además, una ley para regular el teletrabajo como herramienta que ha marcado la tendencia laboral durante la pandemia y un proyecto de ley de equidad salarial que ya cuenta con la calificación del Consejo de Administración Legislativa, solo por citar tres. Dallyana Passailaigue, coordinadora de la bancada socialcristiana, al igual que el resto de sus pares, deposita su esperanza en la buena voluntad de la presidenta Llori, quien es la llamada a impulsar la agenda para los próximos 100 días.

EL DETALLE

Cinco ejes prioritarios. La atención a la pandemia; reactivación económica y empleo; derechos de las mujeres, pueblos y nacionalidades; protección de la naturaleza; y educación.