Más de una docena de organizaciones comunitarias urgieron el martes 7 de marzo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interceder por un "enfoque antirracista" hacia los migrantes en el continente y exhortar a los países a implementar políticas que prohíban la discriminación de la personas en movilidad.

La petición se realizó en el marco de la semana de audiencias públicas del periodo 186 de sesiones de la CIDH, que se desarrolla este año en Los Ángeles (California).

En la audiencia, convocada por el Promise Institute for Human Rights, de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), los miembros de la CIDH escucharon numerosos testimonios de migrantes que fueron víctimas de atropellos por su color de su piel, el idioma que hablan o por pertenecer a una comunidad indígena.

Las crudas historias sobre los atropellos incluyeron casos ocurridos en Brasil, la región fronteriza del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá, y la frontera norte de México y EE.UU., entre otros.

Los activistas aseguraron que en la mayoría de países del continente existe un racismo "sistemático" hacia los migrantes de color e indígenas.

"Debido al racismo institucional que enfrentan las personas negras en México y la falta de intérpretes, las personas negras enfrentan una negación sistemática a sus derechos básicos", dijo en su intervención Jessie Valcin, de la organización Espacio Migrante en Tijuana.

La activista destacó que este problema ha causado la muerte de varios migrantes en los últimos años.

También describió varios casos en las que se le negó la atención médica a haitianas embarazadas en hospitales públicos de Tijuana, y los comportamientos racistas de los médicos hacia estas mujeres.

Valcin puso de ejemplo los comentarios de una médico en Tijuana (México) que aseguró que "las mujeres haitianas dan muchos problemas, por eso tenemos que amarrarlas cuando están pariendo".

Por su parte Odilia Romero, directora de Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO), enumeró en su intervención las barreras que enfrentan los inmigrantes indígenas para obtener intérpretes y defender sus casos tanto en EE.UU. como en México.

Los comisionados de la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con sede en Washington, también escucharon el testimonio de una migrante guatemalteca que fue separada de su hijo menor de edad en 2017 en la frontera sur de EE.UU. y permaneció detenida por más de dos años en un centro de detención, antes de que un juez le otorgara una fianza para proseguir su solicitud de asilo político en libertad y pudiera reunirse con su hijo.

Las organizaciones entregaron una serie de recomendaciones entre las que destacan el diseño de políticas migratorias que garanticen el debido proceso a todos los migrantes, sin importar su color de piel, el derecho a la interpretación, y que se deje de discriminar por raza a los inmigrantes.

La presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, destacó la importancia de las recomendaciones y subrayó que el tema es "muy importante" para ella.

Por su parte, el comisionado Joel Hernández García calificó de "crucial" el hecho de que se conecten los aspectos étnicos-raciales y la migración humana.