La Corte Suprema de Brasil declaró este lunes 19 de diciembre de 2022 "inconstitucional" un mecanismo de dudosa transparencia que el Parlamento aplica desde 2019 y permite a los legisladores decidir sobre los presupuestos estatales, sin consultar al Ejecutivo.

La decisión responde a denuncias de la oposición al Gobierno de Jair Bolsonaro, según las cuales el mecanismo supone "un instrumento para captar el apoyo de congresistas" mediante la asignación de partidas presupuestarias sin criterios técnicos ni la necesaria transparencia.

La sentencia también determina que el Parlamento adopte medidas para garantizar la pulcritud en el manejo de los recursos públicos.

El mecanismo, bautizado por la prensa como "presupuesto secreto", ha permitido en los últimos años la asignación de cuantiosos recursos presupuestarios de una forma difícil de fiscalizar, según concluyó la presidenta del Supremo, Rosa Weber.

Esta modalidad empezó a funcionar bajo el mandato de Bolsonaro, que dejará el poder el próximo 1 de enero, cuando asumirá el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de las elecciones de octubre y opuesto a ese manejo de los presupuestos.

Durante el juicio, el Gobierno, a través de la Abogacía General, se manifestó favorable al mecanismo, pese a que organizaciones de transparencia y gestión afirman que puede favorecer la corrupción.

En Brasil, la elaboración de los presupuestos es competencia del Ejecutivo, pero parte de los recursos se reserva para iniciativas o proyectos específicos de los congresistas, que son conocidos como "enmiendas parlamentarias", muchas veces apoyadas por los Gobiernos a cambio de apoyo parlamentario.

Sin embargo, el Congreso, con el aval del Ejecutivo, modificó en 2019 la forma de distribuir esas partidas y la convirtió en algo opaco, al punto de que no se identifica a los parlamentarios beneficiados, ni se precisa el destino del dinero.

Desde entonces, la prensa local ha ventilado sospechas con proyectos relacionados con ese "presupuesto secreto", entre ellos casos de contratos con sobreprecios y compras públicas fantasmas.

También se sospecha que esos recursos fueron liberados a cambio de apoyo parlamentario a proyectos impulsados por el Gobierno de Bolsonaro, que en los últimos dos años aumentó sustancialmente el montante de esas "enmiendas".

Lula condenó durante la campaña electoral ese mecanismo, lo definió como una "usurpación del poder" del Ejecutivo por parte del Legislativo y anunció su intención de modificarlo.

La cúpula del Congreso se resistía y alegaba que ya adoptó medidas para dar mayor transparencia al mecanismo, sobre el cual sostuvo que ayuda a descentralizar las políticas públicas en favor de pequeños municipios, en función del "interés público".

Antes de proponer modificaciones, Lula esperaba a que el Supremo resolviera el entuerto, como lo hizo este lunes, a fin de evitar roces con el Congreso en el inicio de su mandato.