Las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, las mayores en décadas, cumplen dos años este martes, con cientos de condenados pese a los llamados del Vaticano y otros países, y un contexto político-económico no muy distinto al que provocó aquel estallido social.

En las calles de Cuba no queda rastro de aquellas manifestaciones que congregaron, en medio de una grave crisis económica y en plena emergencia pandémica, a varios miles de personas por todo el país de forma eminentemente espontánea y mayoritariamente pacífica.

Las protestas galvanizaron temporalmente a críticos, opositores y activistas, politizaron a parte de los sectores más pobres y desideologizados del país (en muchos casos afrocubanos) e hicieron que el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) cerraran filas en lo político y lanzaran alguna reforma económica.

También desataron una ola de represión. En las manifestaciones se arrestó a más de 1.000 personas, de las que varios centenares han sido condenadas hasta la fecha, algunas a penas de hasta 30 años de prisión por el delito de sedición.

El Gobierno cubano tachó de "contrarrevolucionarios" a los manifestantes y aseguró que estaban organizados y financiados desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema comunista imperante en la isla desde 1959.

La organización Justicia 11J ha documentado en estos últimos dos años la detención de 1.860 manifestantes (el 84 % por las protestas de hace 2 años), de las que 782 continúan en prisión y 911 han sido sancionadas. Otras 91 han marchado al exilio.