Prisión entre 13 y 66 años para opositores tunecinos por “complot contra el Estado"
Familiares y defensores de los sentenciados exigieron que el proceso sea público y califican como "injustas" las condenas
La Justicia de Túnez dictó penas de entre 13 y 66 años de prisión contra los acusados en el conocido caso de "complot contra la seguridad del Estado", tras una sesión celebrada a puerta cerrada y sin interrogatorios, lo que la defensa calificó de "ilegal” y contrario a las garantías mínimas de un juicio justo.
Según la agencia estatal TAP, la sala antiterrorista del tribunal emitió las penas en la noche del viernes, incluyendo condenas con aplicación inmediata para los procesados, por delitos vinculados al terrorismo, desorden público y atentados contra la seguridad del Estado y el medio ambiente.
Entre los cuarenta acusados pertenecientes al mundo de la política, el ámbito económico y mediático de Túnez, hay destacados opositores políticos que se encuentran en prisión preventiva desde febrero de 2023, superando los 14 meses que establece la ley.
A la espera de los detalles sobre la sentencia, la abogada Dalila Ben Mbarek Msaddek, hermana de uno de los principales acusados, calificó en declaraciones EFE de "auténtica farsa judicial” destinada a eliminar toda disidencia en un contexto de creciente represión política.
Algunos de los acusados, refugiados en Francia, fueron condenados "in absentia" como el activista Kamel Jendoubi que calificó en su red social de Facebook la sentencia como "un robo, como lo hacen los regímenes que se avergüenzan de sus propios actos".
Para él, se trata de "un asesinato judicial" ejecutado por "jueces a las órdenes" y bajo la tutela directa de un "poder paranoico". "Hoy no se ha enterrado a la oposición, se ha firmado la caída moral del régimen”, dijo.
¿Cómo se desarrolló la audiencia de juicio a los opositores en Túnez?
La tercera vista del polémico juicio, celebrada este viernes 18 de abril, había comenzado con una fuerte presencia policial en los alrededores del tribunal y accesos restringidos y sin la presencia física de los acusados, de los que parte de los detenidos se negaron a declarar por videoconferencia.
"Los detenidos se niegan a comparecer por videoconferencia porque exigen un proceso público, visible por todos; los acusan de complot contra el Estado, pero es el Estado el que conspira contra la oposición", dijo a EFE Einayet Mssalem, miembro de la coalición opositora Frente Nacional de Salvación (FNS).
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A pesar del dispositivo de seguridad, familiares de los acusados y activistas instalaron un punto de protesta con pancartas y cánticos como "Ni justicia, ni derecho", "los dignos están entre rejas, y exigieron la liberación de los detenidos.
En una rueda de prensa posterior, el abogado Samir Dilou calificó el juicio como "una farsa de 30 segundos", en la que ni siquiera se completaron los nombres de los acusados presentes en sala.
Denunció además que se rechazaron todas las solicitudes procesales de la defensa, y que ni siquiera se leyeron los fundamentos de la acusación.
"Lo que ocurrió hoy es un escándalo sin precedentes: un veredicto dictado sin audiencia, sin debate, sin contradicción. El tribunal ha sido reducido a un simple ejecutor de instrucciones políticas”, afirmó.
A su juicio, el proceso fue deliberadamente vaciado de todo contenido legal y se inscribe en un contexto más amplio de instrumentalización del sistema judicial para acallar a la oposición.
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