Un tribunal de Hong Kong emitió este sábado 16 de marzo condenas de hasta siete años de prisión para doce acusados involucrados en la irrupción y saqueo de la asamblea legislativa de la ciudad en 2019, un hecho que constituyó un desafío inédito al gobierno local, que cuenta con el respaldo incondicional de Pekín.

En este relevante caso judicial, el tribunal condenó a los acusados, entre ellos la ex dirigente estudiantil Althea Suen, el actor Gregory Wong y los activistas Ventus Lau y Owen Chow, por su participación en los disturbios relacionados con el saqueo de la asamblea legislativo hace más de cuatro años.

El magistrado adjunto Li Chi-ho impuso penas que oscilan entre 4 años y medio y 6 años y 10 meses de prisión, considerando el nivel de participación de cada individuo y las circunstancias atenuantes.

No obstante, las condenas efectivas serán ligeramente menores, que oscilan entre 54 y 82 meses, debido a reducciones aplicadas por diversos motivos, como declararse culpables previamente.

Por otra parte, dos antiguos reporteros procesados junto a los doce no fueron imputados por motín, pero se les impuso una multa de hasta 1.500 dólares hongkoneses (unos 176 euros,191 dólares estadounidenses) por "entrar o permanecer en la cámara del Consejo Legislativo".

El juez a cargo del caso enfatizó la importancia simbólica del asalto al Parlamento, destacando "cómo se desafió al gobierno e incluso debilitó su capacidad de gobernanza, así como los efectos duraderos que este hecho tuvo en la sociedad".

"Los manifestantes cometieron actos insultantes y provocadores, como romper copias del texto constitucional de Hong Kong, la Ley Fundamental, y exhibir banderas de la época colonial", describió el juez.

Los hechos tuvieron lugar la noche del 1 de julio de 2019, cuando centenares de manifestantes irrumpieron en el Parlamento hongkonés, coincidiendo con el día en el que se conmemoraba el vigésimo segundo aniversario del traspaso a China de la soberanía sobre Hong Kong, por parte del Reino Unido.

Los asaltantes, ataviados con cascos y máscaras antigás, destrozaron varias de las entradas del complejo y fueron entrando en las diferentes estancias, incluido el salón de plenos en el que se reúnen los diputados.

En total, catorce personas fueron acusadas de disturbios -que conllevan penas de hasta diez años de cárcel- y de otros delitos como allanamiento de la cámara del Consejo Legislativo o daños criminales.

Aquel suceso constituyó el capítulo culminante de las grandes protestas democráticas que sacudieron la región semiautónoma ese año, con masivas manifestaciones y asedios por parte de multitud de opositores, que se prolongaron durante semanas.

Los manifestantes protestaban por la "excesiva" injerencia de Pekín en el gobierno de la ciudad y para exigir la retirada de un polémico proyecto de ley de extradición y la dimisión de la jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam.

Tras las protestas, Pekín impuso la polémica Ley de Seguridad Nacional hongkonesa, que entró en vigor el 30 de junio de 2020 y cuyos cargos pueden acarrear penas de cadena perpetua por supuesto caso de secesión, terrorismo o confabulación con fuerzas extranjeras.

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