La derecha portuguesa amenazó hoy jueves 11 de amyo de 2023 con recurrir al Tribunal Constitucional si, como está previsto, el Parlamento aprueba este viernes 12 de mayo la ley que despenaliza la eutanasia y supera el último veto del presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa.

El líder de la oposición, el PSD (centroderecha), anunció que la dirección del partido no solicitará formalmente la revisión del Constitucional, pero sí apoyará esta iniciativa si hay diputados suficientes, lo que consideran posible.

"Hay diputados que nos han manifestado esa intención. Creo que, si las cosas se mantienen como están, se podrán reunir las firmas que son necesarias", dijo en declaraciones a periodistas el presidente del PSD, Luís Montenegro.

La Constitución Portuguesa prevé que un grupo de 23 diputados o más pueden pedir la "fiscalización sucesiva" de una ley que ya ha entrado en vigor, para que el Tribunal revise si cumple o no con la Carta Magna, aunque este mecanismo no paraliza la aplicación de la norma durante el proceso.

La ultraderecha también se ha mostrado favorable a recurrir al Constitucional, aunque sólo tiene 12 diputados y no podrá hacerlo en solitario, por lo que su única opción es unirse a una iniciativa del PSD.

"Esta ley no va a tener ninguna aplicación práctica", consideró el líder de Chega, André Ventura, que calificó la norma como "moralmente injusta". La gran mayoría de los diputados del PSD y todos los parlamentarios de Chega rechazaron la eutanasia en todas las votaciones realizadas hasta el momento.

La derecha anunció esta decisión un día antes de que la despenalización de la muerte médicamente asistida vuelva al Parlamento, donde el Partido Socialista -con mayoría absoluta-, Iniciativa Liberal y el Bloque de Izquierda han anunciado que volverán a aprobar, sin cambios, la última versión de la ley.

El presidente luso, católico practicante y que intentó frenar la ley en cuatro ocasiones -dos con vetos políticos y dos a través del Constitucional- estará obligado a promulgarla, como establece la legislación.

El líder parlamentario socialista, Eurico Brilhante Dias, acusó a Montenegro de "zigzaguear" con la eutanasia y señaló que espera que "todos los órganos de soberanía cumplan su función".

Desde el Bloque de Izquierda, Pedro Filipe Soares recordó que Rebelo de Sousa ya manifestó que no veía problemas de inconstitucionalidad en la última versión de la norma.

La ley define la muerte médicamente asistida como la que "ocurre por decisión propia" y es aplicable en casos de personas mayores de edad con un "sufrimiento de gran intensidad, con lesión definitiva de gravedad extrema o enfermedad grave e incurable" y cuando es "practicada o ayudada por un profesional de la salud".