Más de 340.000 personas pidieron excusa para no votar en el referéndum obligatorio sobre el nuevo texto de Constitución en Chile.

Esta cifra triplica las presentadas en el plebiscito de septiembre de 2022 y que evidencian del cansancio de un sector de la población respecto a un proceso para elegir entre mantener una Constitución escrita en dictadura -y reformada en democracia- y una renovada carta magna de tinte conservador.

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Según informaron las autoridades policiales a cargo de procesar esta documentación, durante toda la jornada electoral miles de personas hicieron fila en las afueras de las comisarías para excusarse formalmente y evitar así las multas establecidas por no participar en el proceso, al que estaban convocados 15,4 millones de ciudadanos chilenos.

“Se ha pedido una redistribución de funcionarios de Carabineros de Chile para el proceso de excusa, porque hay lugares en particular donde hay mayor concentración de ciudadanos que están concurriendo a excusarse”, señalaron las autoridades.

Hasta el momento, la cantidad de solicitudes validadas es el triple de las anotadas para el plebiscito constitucional de 2022, y representan cerca del 2% del padrón electoral y casi el cuádruple en comparación con las elecciones celebradas el pasado 7 de mayo para elegir a los consejeros constitucionales que han participado en el proceso de elaboración del proyecto de carta magna.

El dato, al que se suma la menor participación en el extranjero, pone sobre la mesa, segín los expertos, la fatiga electoral y la apatía con que buena parte de la población chilena afrontó este nueva cita con las urnas, la décima desde 2020.

De acuerdo a la ley chilena, un ciudadano puede excusarse de participar en comicios obligatorios solo si se encuentra a más de 200 kilómetros de su local de votación, sufre alguna enfermedad, está ausente del país o tiene un impedimento grave, que debe ser acreditado antes un juez correspondiente.

Se trata del segundo proceso constitucional que vive Chile, tras el que concluyó en septiembre de 2022 con un contundente rechazo del electorado a un proyecto escrito por una convención de mayoría izquierdista que proponía una transformación radical de la institucionalidad chilena.

La actual carta magna entró en vigor en 1981, en plena dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1980), pero fue reformada decenas de veces en democracia, especialmente en 2005, durante la Presidencia de Ricardo Lagos (2000-2006).

Más de 3.200 locales de votación abrieron ayer sus puertas en Chile para recibir a los 15,4 millones de ciudadanos que decidieron si aprueban o rechazan una nueva propuesta de Constitución.

Las últimas encuestas publicadas hace más de dos semanas anticiparon que la ciudadanía votará también en contra de este nuevo texto, aunque los expertos dicen que el escenario estaba más abierto de lo que parecía porque el voto es obligatorio -se implantó en 2022- y hay una gran bolsa de electores desconocidos que llevan años alejados de las urnas.

Otra incógnita es cuánto afectará a la opción que defiende la izquierda, la de rechazar la propuesta, un caso de corrupción que afecta a uno de los partidos de la coalición oficialista y que en los últimos días ha tomado impulso con la detención de dos personas.

De rechazarse, seguirá vigente la actual Constitución y se cerrará al menos durante este mandato el debate constitucional porque el presidente chileno, Gabriel Boric, ya ha dicho que no impulsará un tercer intento.

El gobernante viajó a su natal Punta Arenas, a más de 3.000 kilómetros al sur de Santiago, para sufragar a primera hora de la mañana y regresar luego a la capital para seguir el escrutinio. 

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