El Gobierno colombiano presentó la reforma de la salud, que lleva semanas causando debates en el país, y con la que pretende, si se aprueba en el Congreso, llevar la atención sanitaria a todos los rincones y fortalecer la atención primaria y la prevención de enfermedades.

Se trata de la primera reforma social de gran calado que presenta el Gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de Colombia, y serán "reformas universales, es decir, que son para todas y para todos, que no queda nada excluido", explicó el mandatario, quien aseguró que sacarán al país del "neoliberalismo".

La tarde del martes 14 de febrero de 2023 un gran número de personas salieron a las calles convocados por Petro para escuchar las propuestas a las reformas sociales, aunque no todoso están de acuerdo con el proyecto.

"No habrá más clientes en la salud pública de Colombia, las personas serán personas", explicó Petro, en ese sentido.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, presentó el proyecto de ley en un acto en la Plaza Núñez, que separa el palacio presidencial del Capitolio, donde dijo que lo que buscan es "reivindicar con esta reforma el derecho fundamental a la salud".

El proyecto de ley tendrá que pasar por cuatro debates en total en las dos cámaras del Congreso, donde puede sufrir transformaciones, pero el Gobierno confía en que la delicada mayoría con la que cuenta le ayude a sacarlo adelante, como pasó con la Reforma Tributaria el año pasado.

El Gobierno colombiano quiere transformar el sistema sanitario para fortalecer la atención primaria y también llevar la atención a los "territorios abandonados", esas comunidades remotas donde actualmente el centro de atención más cercano está a varias horas en lancha o en mula por caminos escarpados.

"Lo que queremos es que una médica pueda ir a atender en la casa de una familia campesina, por muy alejada que esté", explicó Petro, quien añadió: "Lo que queremos es que una mujer embarazada pueda ser digna del cuidado médico y que no muera porque no hubo nadie que la pudiera atender".

"Se recuperarán los recursos públicos de la salud para que estos de manera transparente sean administrados (...) de manera equitativa restableciendo el derecho (de salud) en los territorios abandonados", explicó la ministra.

De esta manera, contempla la construcción de una "red de centros de atención primaria en todo el país", que serán tanto públicos como privados y público-privados, y se volcará precisamente en las zonas que actualmente sufren por no tener acceso a la salud.

Pero también la reforma tiene una vertiente de prevención, asegurando el texto que "el Estado incidirá coordinadamente sobre los determinantes de salud, a fin de mejorar las condiciones generales e individuales de vida de los habitantes del territorio nacional".

Esto quiere decir que se busca mejorar aspectos como el acceso a alimentación, agua potable, una vivienda digna o condiciones de trabajo dignas como factores que influyen en enfermedades preventivas para evitar que lleguen a los hospitales.

Por último, entre los aspectos destacados, está también la creación de un "un sistema público de información en línea para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de la salud" y un régimen especial para los trabajadores de salud.

"Debemos cuidar a quienes cuidan la vida en Colombia y quienes cuidan la vida deben ser dignificados con salarios justos", subrayó la ministra.

El presupuesto para financiar la salud, según el proyecto, seguirá saliendo del bolsillo de los contribuyentes, pero también del Estado.

Así, se quiere quitar poder a las actuales Entidades Promotoras de Salud (EPS) -pero no hacerlas desaparecer, como se había dicho en un principio- que son las actuales intermediarias entre los contribuyentes y quienes prestan el servicio.

"El Ministerio de Salud y Protección Social adelantará progresivamente un proceso de territorialización de las EPS", se lee en el proyecto de ley, y se concentrará su influencia en "ciudades y departamentos donde tengan mayor número de afiliados" para liberarlas de la "dispersión geográfica" y "armonizarlas con la territorialización del nuevo sistema de salud".

El texto establece que esta "armonización" supone que en cada hogar todos los miembros deberán estar asociados a la misma EPS y en las zonas donde solo hay una EPS, esta no podrá rechazar el aseguramiento de la población.

Ahí donde no haya EPS, lo hará una en concreto, la Nueva EPS, que es de financiación pública, que además será la encargada de contratar los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva y también invertirá en "infraestructura en cada territorio".

También estima que se liquiden las EPS que están en proceso de quiebra y no se podrán inscribir nuevas EPS al Sistema de Salud, lo que limitará progresivamente su gestión del sistema sanitario.