La ONU insta a garantizar la libertad de acción a la CPI

El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió este viernes que se permita a la Corte Penal Internacional (CPI) trabajar "con plena independencia", tras la orden ejecutiva firmada ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sancionar al tribunal.

"El derecho penal internacional es un elemento esencial para luchar contra la impunidad, que por desgracia está muy extendida en el mundo actual. La CPI es su elemento esencial y debe permitírsele trabajar con plena independencia", indicó en su rueda de prensa diaria el portavoz adjunto de la Secretaría, Farhan Haq.

Al ser preguntado por el posible impacto de estas sanciones en la visita de altos funcionarios a la sede central de la ONU, ubicada en territorio estadounidense, Haq dijo que espera que "cualquier restricción que se adopte contra individuos se aplique de forma coherente con las obligaciones del país anfitrión" y "en virtud del acuerdo relativo a la sede de la ONU".

LA AMENAZA DE TRUMP

Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel.

El mandatario consideró en ese documento que la CPI ha emprendido "acciones ilegítimas e infundadas contra EE.UU." e Israel, definido como un "aliado estrecho", y ha "abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas" contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Galant.

La orden de Trump contempla restricciones financieras y limitaciones en la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a empleados de la CPI que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington, así como a su familia inmediata (pareja e hijos).

Por su parte, la propia Corte Penal Internacional (CPI) denunció hoy que esta orden ejecutiva busca “socavar la capacidad de la Corte para administrar justicia en todas” las investigaciones abiertas y estas “amenazas y medidas coercitivas constituyen graves ataques” contra los países miembros.

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