La cascada de arrestos contra varios líderes políticos opositores de Nicaragua ha provocado que cientos de disidentes y profesionales opten por abandonar o permanecer fuera del país, a menos de cuatro meses de las elecciones generales, en las que el presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, buscará una nueva reelección.

Dirigentes de la oposición, escritores, periodistas, médicos, abogados, excontras, excomandantes, jóvenes, obreros y campesinos se han exiliado o retrasado su regreso a Nicaragua por razones de seguridad, en medio de un ambiente político hostil que podría llevarlos al encierro, según han confirmado por distintas vías.

El escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez, que fue citado el mes pasado por un caso que abrió el Ministerio Público contra una ONG por presunto lavado de dinero, al que compareció y luego viajó a Estados Unidos por razones de salud, ha dicho que "medita" si regresa o no al país.

En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, entre otros líderes contrarios a Ortega, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria. 

ASPIRANTE PRESIDENCIAL EXILIADO

A los exiliados se unió el presidente de la Fuerza Democrática Nicaragüense y exlíder de la Contra, Luis Fley, quien era uno de los 11 aspirantes a la Presidencia de la oposición, de los cuales seis guardan prisión carcelaria o domiciliaria, dos han denunciado "asedio policial" y otros dos, precandidatos del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), que tienen bajo perfil.

Desde el exilio, Fley dijo que por razones de seguridad decidió retirar sus aspiraciones presidenciales de unos comicios de los que dijo desconfiar y en los que presume que CxL colaborará con los sandinistas para darles legitimidad.

DECENAS ABANDONAN NICARAGUA A DIARIO

Según el movimiento de exiliados Nicaragüenses en el Mundo (NEEM), decenas de personas salen cada día de Nicaragua con el argumento de que huyen de la persecución policial y de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), una estructura civil del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) organizada en cada barrio y que, de acuerdo a los opositores, vigilan y denuncian a los detractores de Ortega.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) más de 108.000 nicaragüenses "se han visto obligados a abandonar su país" desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular contra el Gobierno de Ortega.

Para la Unidad Nacional, el éxodo solamente se detendrá con un proceso electoral en «libertad absoluta», con elecciones "libres, observadas, transparentes", con "garantías civiles y políticas", el "cese a la represión, persecución y militarización en el país", y reformas electorales que garanticen unos comicios con estándares internacionales.