El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recuperó este miércoles 15 de marzo el programa de seguridad que ya impulsó en sus dos mandatos anteriores (2003-2010) y con el que pretende reducir la violencia y aumentar la presencia del Estado en las periferias de las ciudades.

"La sociedad no solo está necesitando más policías, sino más Estado para que intervenga en la calidad de la educación, el transporte y la salud", dijo Lula en la ceremonia de lanzamiento del Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía (Pronasci II), en Brasilia.

El acto se produjo en un momento en que el estado de Rio Grande do Norte, en el noreste del país, vive una ola de ataques violentos orquestados por una facción criminal y que se ha traducido en tiroteos e incendios en una veintena de ciudades de la región.

El plan de Lula supone un cambio de estrategia frente al Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), que fomentó las armas entre la población civil e impulsó la mano dura frente a la criminalidad con el lema "bandido bueno es bandido muerto".

De esta forma, el mandatario progresista quiere distanciarse de su antecesor resucitando el mismo programa que lanzó en 2007, durante el primero de sus mandatos como jefe de Estado, y que busca actuar en el plano social en las zonas más castigadas por la violencia.

"Muchas veces el Estado solo está presente en la periferia con la Policía, que no está para resolver, muchas veces está para reprimir y resolver (los problemas) de la forma más bruta posible", denunció el gobernante.

Pronasci II también incidirá en combatir la violencia contra las mujeres en un país que registra un feminicidio cada seis horas, apoyar a las víctimas de la violencia, capacitar a los presos y "cambiar la cara de la seguridad pública", percibida en la periferia como una fuerza "agresora", subrayó Lula.

Para ello, el Ejecutivo recuperará el llamado "Bolsa-Formación", que dará 900 reales (unos 170 dólares) a los agentes de seguridad por cada mes que asistan a alguno de los cursos de capacitación profesional ofrecidos o reconocidos por el Ministerio de Justicia.

Con este programa, el Gobierno espera reducir la tasa nacional de homicidios por debajo de las 16 muertes por cada 100.000 habitantes hasta 2030. Desde 2018 el país ha reducido ese índice hasta situarlo en 22,3 en 2021.

En este sentido, el ministro de Justicia, Flávio Dino, defendió que "la seguridad pública es algo social, no solo ley y orden" y que ponerla en práctica significa también "cuidar de los más pobres".

"Necesitamos cambiar el papel del Estado brasileño para que podamos salvar más vidas en este país", dijo Lula en la misma línea.