El Gobierno, la Justicia y el Congreso de Brasil se han aliado contra las grandes empresas tecnológicas, a las que acusan de aprovecharse de su posición de poder para tumbar un proyecto de ley que combate la desinformación y endurece los controles a las redes sociales.

El asunto ha llegado a manos de la Corte Suprema, que el viernes autorizó a la Fiscalía investigar a los responsables de Google y Telegram en el país por emprender una campaña "abusiva" contra la iniciativa defendida por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

En el centro de esta batalla está el proyecto de ley de las "fake news", en los cajones del Parlamento desde 2020 y que rechazan en bloque las plataformas digitales, que alegan que se han sentido excluidas de la elaboración del texto.

Su tramitación se retomó este año tras la asonada golpista del 8 de enero, protagonizada por seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro, y la secuencia de atentados mortales en varias escuelas del país entre marzo y abril.

Las autoridades sospechan que las redes de desinformación que operan en internet jugaron un papel fundamental en el desarrollo de esos sucesos.

Contra esto, la respuesta del Parlamento, con el apoyo del presidente Lula, fue retomar el análisis del proyecto de ley, al que también se opone el exmandatario Jair Bolsonaro, quien maniobra con su partido para archivarlo bajo el pretexto de que "limita la libertad de expresión".