Este martes 26 de septiembre, un juez declaró al expresidente estadounidense Donald Trump responsable de un cargo de fraude en el proceso por la vía civil impulsado por la Fiscalía estatal de Nueva York, que lo acusaba de inflar activos de su empresa durante años para obtener mejores condiciones en préstamos y otros beneficios económicos.

En una decisión emitida en la tarde del martes, el juez Arthur Engoron dio la razón a la Fiscalía, que la semana pasada solicitó un juicio sumario parcial sobre el principal cargo del caso, el de fraude contra Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, la Organización Trump y varios socios, dejando otros seis delitos para dirimirse en el juicio programado el 2 de octubre.

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En el documento, Engoron considera que la Fiscalía, dirigida por la fiscal Letitia James, ha "demostrado (que existe) responsabilidad" por parte de los acusados, entre los que también figuran Allen Weisselberg y Jeffrey McConney, dos antiguos ejecutivos de la Organización Trump, y ordenó que se "cancelen" las licencias de negocio de todos en Nueva York.

En los próximos diez días, los acusados deben recomendar a tres personas como máximo para que gestionen la disolución de las empresas relacionadas esas licencias canceladas, según indica el dictamen.

Engoron señala que el expresidente hizo declaraciones que multiplicaban por tres el tamaño real de su apartamento en la Torre Trump y opina que una "discrepancia de tal magnitud, por un desarrollador inmobiliario que exagera su propio espacio de vivienda durante décadas, solo se puede considerar fraude".

La semana pasada, en una audiencia, el juez ya pareció inclinarse por los argumentos de los fiscales, que recordaron que en un solo año Trump llegó a exagerar sus activos en 2.200 millones de dólares, y declaró enfadado que "no se puede hacer falsas declaraciones (de condición financiera) y utilizarlas en los negocios".

Restringir la capacidad de los Trump para hacer negocios en el estado era una de las metas de la denuncia interpuesta por la fiscal James a finales de 2022, en la que la autoridad reclama una multa de 250 millones de dólares (228 millones de euros), cuestión que previsiblemente se abordará en el juicio del próximo lunes.

El magistrado Engoron también rechazó una moción paralela de la defensa de Trump, que solicitaba que se desestimaran todos los cargos, y ordenó sanciones de 7.500 dólares para cinco de los abogados del expresidente.

La decisión supone un doble varapalo judicial para Trump, que pese a ser el claro favorito del Partido Republicano para las próximas elecciones a la Casa Blanca, se enfrenta a una larga lista de causas en los próximos meses, lo que podría complicar su campaña.

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Aparte de este caso que va a juicio en menos de una semana, Trump afronta el año que viene cuatro casos penales distintos que abarcan un total de 91 delitos.

La mayoría de esos delitos están relacionados con el supuesto manejo de materiales clasificados en su casa de Florida (40 acusaciones) y con los pagos presuntamente ilegales a una actriz porno durante su campaña presidencial, en Nueva York (34 acusaciones).

También afronta 13 acusaciones relacionadas con la ley estatal de crimen organizado en Georgia por intentar revertir los resultados electorales y otras 4 acusaciones en Washington vinculadas al mismo tema, por sus denuncias falsas de que hubo un fraude electoral y múltiples estratagemas.

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