La tercera noche de disturbios en Francia dejó un halo de 492 edificios públicos y 2.000 vehículos incendiados pese a la movilización de 40.000 policías y gendarmes por el Gobierno, que insiste en que su prioridad es "restablecer el orden republicano".

Esas cifras de destrucciones Protección Civil, filtradas por la cadena BFMTV este viernes, muestran la amplificación de las protestas, que en muchos casos se han dirigido contra ayuntamientos, escuelas, comisarías, tribunales, pero también centros de impuestos, bibliotecas o depósitos de autobuses.

La primera ministra, Élisabeth Borne, que esta mañana estuvo en Evry para comprobar los daños causados en esta ciudad del extrarradio de París junto al titular de Interior, Gérald Darmanin, hizo hincapié en que los autores de eses actos son "individuos muy violentos" y "muy jóvenes" que "no son representativos de los habitantes".

Borne recordó que a partir de las 13.00 locales (11.00 GMT) está prevista una reunión de la célula de crisis que se ha creado en presencia del presidente, Emmanuel Macron, que está de vuelta en París tras participar en el Consejo Europeo de Bruselas, con el objetivo de "asegurar nuestra cohesión nacional con una vuelta al orden republicano".

Preguntada sobre la posibilidad de declarar el estado de emergencia, respondió que se examinan "todas las posibilidades con una prioridad, el retorno del orden republicano a todo el territorio".

A primera hora de la mañana del vienres 30 de junio, Borne había reunido en su residencia oficial de Matignon con varios ministros para evaluar lo ocurrido durante la noche del jueves| en la que al menos 667 personas fueron detenidas por su participación en los altercados y 249 policías y gendarmes resultaron heridos, ninguno de gravedad.

La primera ministra señaló entonces que los actos de violencia "son insoportables e inexcusables y manifestó su apoyo a los policías, gendarmes y bomberos que han tenido que intervenir.

El ministro de Justicia de Francia, Éric Dupond-Moretti, advirtió hoy viernes 30 de junio, en relación a los disturbios que atraviesa el país, de que los padres que no ejerzan su autoridad y no impidan a sus hijos participar en actos vandálicos tendrán "una responsabilidad penal" que ya figura en la legislación gala.

"Cuando los padres no ejercen su autoridad parental y eso pone en entredicho la seguridad o la moralidad de los niños, los progenitores pueden incurrir en una pena de hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa", avisó el ministro, en alusión a la gran cantidad de menores vistos en las protestas violentas tras la muerte el pasado martes del adolescente Nahel por el tiro de un policía.