Santa Cruz, la mayor región de Bolivia y el motor económico del país, vive el día 14 de la huelga indefinida y los bloqueos de carreteras para exigir el censo en 2023 y no en 2024, horas antes que se reúna la mesa técnica convocada por el Gobierno para definir la fecha de esta encuesta nacional.

Las protestas reclaman que se realice el censo poblacional en 2023 para que sus resultados se apliquen en 2025, año en el que están previstos los comicios presidenciales, y no en 2024, como defendía el Gobierno.

Esta situación ha generado la escasez de algunos alimentos en los mercados y la falta de combustible, ya que las cisternas no pueden ingresar a la refinería porque hay un grupo de personas contrarias a la huelga, afines al gobierno de Luis Arce, que no dejan acceder a ellas, estos también bloquean carreteras, pues alegan que la huelga busca desestabilizar al Gobierno nacional.

El gobierno de Luis Arce informó ayer sobre una afectación económica por más de 500 millones de dólares en los 14 días de la huelga en la región de Santa Cruz, la mayor y motor económico de Bolivia, para exigir que el censo de población se realice en 2023.

Esta situación se da a horas de la instalación de una mesa técnica para fijar la fecha definitiva del censo de población y vivienda, que tendrá lugar este viernes por la tarde en la ciudad amazónica de Trinidad.

Entre los sectores convocados están los 9 Gobiernos departamentales, las alcaldías, las once universidades públicas, las asociaciones municipales y representantes de los Gobiernos autónomos indígenas.