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Tegucigalpa. El expresidente Juan Orlando Hernández, mientras era extraditado a EE. UU., desde la base aérea Hernán Acosta, de la capital hondureña.Gustavo Amador / EFE

El expresidente de Honduras llega a EE. UU. para su juicio

Washington lo lleva a los tribunales por tres cargos relacionados con narcotráfico. Juan Orlando Hernández fue extraditado desde Tegucigalpa el pasado jueves

El expresidente Juan Orlando Hernández, quien este jueves fue extraditado a EE. UU. para ser enjuiciado por tres cargos asociados al narcotráfico, también operó su país como un “narcoestado” y usó sobornos que recibió de narcotraficantes como El Chapo para cometer fraude electoral en las dos elecciones a las que concurrió.

Así lo indicó en Washington unas horas después de que Hernández despegara desde Tegucigalpa rumbo a Nueva York para ser juzgado allí, el Departamento de Justicia estadounidense, que publicó la acusación completa contra el expresidente, sobre los tres cargos que podrían desembocar en una pena máxima de cadena perpetua. “Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado”, afirmó el fiscal general de EE. UU., Merrick Garland.

Según la acusación, Hernández formó parte de una conspiración que desde 2004 transportó más de 500 toneladas de cocaína hacia EE. UU. a través de Honduras, procedente de Colombia, Venezuela y otros países, y como parte de esa conspiración recibió “millones de dólares de múltiples organizaciones narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares”. El expresidente fue capturado el 15 de febrero en su residencia en Tegucigalpa, un día después de que EE. UU. solicitó su arresto provisional con fines de extradición.

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La acusación añade que “Hernández usó esos beneficios del narcotráfico para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, incluido en relación con las elecciones presidenciales de 2013 y 2017”. Horas antes de ser extraditado, Hernández reiteró que es inocente.

En concreto, Estados Unidos alega que en 2013, Hernández recibió un “soborno de un millón de dólares” del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, entonces líder del cartel de Sinaloa, ‘a cambio de una promesa de proteger’ a ese cartel en Honduras.

El exmandatario, quien el 27 de enero concluyó su segundo mandato presidencial, permaneció recluido en una unidad especial de la Policía Nacional, desde el 15 de febrero hasta hoy.

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Tegucigalpa. El helicóptero que transporta al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.Gustavo Amador / EFE

A raíz de sus tratos con narcotraficantes, “corrompió las instituciones legítimas de Honduras, incluidas partes de la Policía Nacional hondureña, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional”, y convirtió su país en “uno de los mayores puntos de envío de cocaína a EE.UU. en el mundo”, señala el documento difundido en Washington.

Hernández, de 53 años, cumplió de manera virtual su aparición ayer ante el juez Stewart D. Aaron en Nueva York, y está por ver qué pena pedirá contra él la Fiscalía, pero el Departamento de Justicia adelantó el pasado jueves las sentencias asociadas a los cargos de los que lo acusa.

Por el primer cargo, el de “conspiración para importar” más de 500 toneladas de cocaína hacia EE. UU., la sentencia mínima es de 10 años y la máxima de cadena perpetua, si es declarado culpable.

Por el segundo, usar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para apoyar la importación de cocaína, puede recibir un mínimo de 30 años y un máximo de cadena perpetua; y por el tercero, conspirar para usar las citadas armas, el máximo es también pasar la vida en prisión.

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Veinte páginas

La acusación formal, de 20 páginas, alega que formó parte de una conspiración que desde 2004 transportó más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a través de Honduras, procedente de Colombia, Venezuela y otros países.

En el MDC

Desde la noche del jueves, cuando llegó a Washington tras cumplirse la extradición, pasó a una celda en el Centro Metropolitano de Detención (MDC por siglas en ingles). Alberga a 1.620 detenidos en espera de juicio. Incluye mujeres.