El Gobierno del presidente Daniel Ortega reafirmó su línea dura con la ilegalización de otras 25 ONG, entre ellas una asociación de periodistas, otra de apoyo a la libertad de prensa y de expresión, una ambientalista, y otras defensoras de las mujeres, de los indígenas y de los derechos humanos.

Con la anulación de esas 25 organizaciones, entre ellas la filial nicaragüense de Operación Sonrisa, suman 112 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) locales que han sido canceladas desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por el régimen de Ortega.

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, también ha cancelado los registros y números perpetuos de tres ONG estadounidenses y tres europeas, y cerrado temporalmente el club de ciudadanos españoles residentes en Nicaragua, Casa España.

La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista y a petición de Gobernación, canceló el 17 de marzo, 25 ONG nicaragüenses, entre ellas la Asociación Operación Sonrisa, dedicada a operar niños con paladar hendido o labio leporino. Con 74 votos a favor, cero en contra, 16 abstenciones y uno que estuvo presente, de los 91 legisladores que integran el Parlamento ilegalizaron también la Asociación de Periodistas de Nicaragua ‘Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal’, integrada en su mayoría por comunicadores críticos con Ortega.

Además, anuló al ambientalista Centro Humboldt, que se oponía a la minería a cielo abierto y al proyecto de construir un canal interoceánico por Nicaragua por las afectaciones que sufrirían humedales, parques naturales y sitios protegidos.

También canceló la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, que cerró hace un año para no someterse a la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros.

Esa ONG era dirigida por la opositora Cristiana Chamorro, que intentó desafiar a Ortega en las elecciones de noviembre pasado y que el viernes pasado fue declarada culpable de delitos financieros por un juez afín a los sandinistas, según organismos humanitarios.

Otra de las ONG ilegalizadas son la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente ligado al economista Juan Sebastián Chamorro, que también aspiró a ser candidato a la presidencia de la oposición y se encuentra encarcelado acusado de “traición a la patria”.

Además, la Fundación para la Libertad, vinculada al académico Félix Maradiaga -otro de los siete aspirantes a candidatos a la Presidencia de la oposición que fueron encarcelados previo a los comicios en los que se reeligió Ortega, -a quien el Ejecutivo señala de ser uno de los provocadores del estallido social contra el Gobierno sandinista en abril de 2018.

Otros organismos ilegalizados son la Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia, que fue filial nicaragüense de Transparencia Internacional y vigilaba los comicios, entre otras.

Según la cartera de Gobernación, esas 25 ONG no reportaron sus estados financieros con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final); ni sus juntas directivas. El país atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, tras las elecciones de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido.