El Tribunal Constitucional (TC) chileno rechazó los requerimientos interpuestos por la oposición de derecha contra 7 de los 13 indultos otorgados el pasado diciembre por el presidente Gabriel Boric, una medida que benefició en su mayoría a jóvenes detenidos en la ola de protestas de 2019 y que desembocó en una de sus mayores crisis de Gobierno.

El pleno del TC, de mayoría progresista, desestimó las impugnaciones a seis perdones presidenciales a presos del estallido y a Jorge Mateluna, un antiguo miembro del grupo radical armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que combatió la dictadura (1973-1990).

"Los decretos se ajustan a la Constitución (...) y mantienen plena vigencia en todos sus efectos", dijo a la salida del pleno Rodrigo Pica, uno de los magistrados del tribunal.

"Sobre las sentencias del Tribunal Constitucional no procede recurso alguno según lo dispone el articulo 94 de la Constitución", añadió Pica.

Se trata de la primera vez en la historia que se revisan indultos presidenciales. El tribunal emitió votó por separado cada uno de los siete casos y en ninguno de los fallos hubo unanimidad.

Para Matías Walker, uno de los senadores que impugnó los requerimientos, el resultado era "predecible por la composición del TC", que por primera vez tiene mayoría de jueces progresistas (cinco de un total de ocho) y está presidido por Nancy Yáñez, nombrada por Boric en abril de 2022, un mes después de llegar al poder.

"Lo que sostuvimos es que acá hubo arbitrariedad en el otorgamiento de los indultos, que se vulneró el principio de igualdad ante la ley porque, ante casos similares, no se otorgaron estos indultos", añadió Walker, del partido en formación Demócratas (centro), que junto con la coalición Chile Vamos acudió al TC.

Los indultos fueron anunciados el 30 de diciembre y generaron una gran crisis política, que le costó el cargo a la entonces ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Ríos y a uno de los principales asesores de Boric, Matías Meza-Lopehandía.

También provocaron que varias formaciones políticas se levantaran de la mesa de negociación en el Congreso para un pacto de seguridad, uno de los principales proyectos del Ejecutivo, pues hay una alta preocupación en la sociedad por el aumento de la delincuencia.