El Congreso de Perú admitió este viernes 3 de marzo dos mociones para interpelar al ministro de Interior, Vicente Romero, por la respuesta policial a las protestas antigubernamentales en el país, con el foco puesto sobre la intervención con vehículos blindados en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), de Lima.

La moción de interpelación "sobre los actos de represión abusivos y desproporcionados" en la acción policial presentada este miércoles 1 de marzo por la bancada marxista Perú Libre contra el miembro del Ejecutivo fue aprobada en el pleno del Congreso por 47 votos a favor, 37 en contra y 11 abstenciones.

Otra moción para que Romero informe acerca de la intervención de la Policía Nacional de Perú (PNP) del pasado 21 de enero en la UNMSM, la más antigua de América, salió adelante con 63 votos favorables, más del tercio de los apoyos de los parlamentarios presentes en el hemiciclo.

En el documento presentado por representantes de la izquierda, se consideró que Romero dispuso de medidas "absolutamente desproporcionadas" contra los ciudadanos en las movilizaciones.

Además, se cuestionó el despliegue de cerca de 400 agentes de la PNP con el apoyo de fuerzas especiales, tanquetas y blindados para realizar el operativo en la UNMSM sin contar con la presencia de fiscales.

Tras conocer la aprobación de las mociones, Romero declaró a medios locales que asistirá al Congreso en pro de la transparencia y porque es su "obligación" como miembro del Gobierno.

"Cualquier autoridad política está expuesta a eso. Si me tienen que censurar, bueno, lo hice con el mejor afán de servir a mi país (...) en un difícil momento", señaló antes de asegurar que no ve "intención de venganza" del Congreso.

Respecto a la intervención en la universidad "decana de América", la Fiscalía tomó declaración el pasado miércoles al ministro de Interior "como presunto autor del delito de omisión de actos funcionales por la intervención policial" en la San Marcos, según informó el Ministerio Público en Twitter.

El operativo se saldó con la detención de más de 190 personas, entre ellas muchas llegadas a Lima desde distintas regiones del país que se refugiaban en el campus para participar en las marchas antigubernamentales que exigían la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Al día siguiente, tras el derribo de las puertas del campus universitario, 192 de los detenidos, entre estudiantes y manifestantes, fueron puestos en libertad, tras haber pasado la noche en dependencias policiales.

Desde Interior alegaron en un comunicado que la intervención se llevó a cabo al recibir la denuncia presentada por las autoridades universitarias sobre el ingreso de un grupo de 300 personas al campus