Los barrios evacuados de Maceió, capital del estado de Alagoas, esperan con inquietud el desenlace de la última catástrofe minera en Brasil, que podría acabar con cientos de viviendas engullidas por una gran mina de sal que se viene abajo.

Eran los hogares de unas 60.000 personas que han sido desalojadas preventivamente desde 2018, cuando la petroquímica Braskem observó las primeras señales de hundimiento del suelo donde excavó decenas de galerías subterráneas para la explotación de sal de roca durante casi medio siglo.

Cinco años después, los presagios se han hecho realidad y una parte de esas minas se están derrumbando. El pasado 10 de diciembre, un pedazo de ‘la mina 18’, ubicada sobre la laguna Mundaú, en el barrio de Mutange, se vino abajo sin causar víctimas.

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Desde noviembre, el suelo en algunas áreas de Maceió se ha hundido cerca de 2,30 metros y el temor crece entre la población, pues las minas subterráneas se extienden por cerca del 20 % de esta ciudad del nordeste de Brasil que cuenta con un millón de habitantes.

Los cinco barrios desalojados próximos a la explotación minera, parada desde 2018, son auténticas ciudades fantasma. Muchas casas están tapiadas. De otras solo quedan los muros desnudos y destruidos dando la impresión de una zona de guerra.

La vegetación ya se ha adueñado de muchos hogares. También abundan las pintadas contra Braskem, una de las mayores petroquímicas del mundo y que está en proceso de venta.

Por estos barrios no se recomienda andar solo, ya que desde que fueron vaciados algunos han aprovechado la coyuntura para llevarse puertas, ventanas y otros materiales de valor.

No obstante, en varios puntos hay cámaras de vigilancia que monitorean las calles abandonadas. Porque estos barrios (Mutange, Bebedouro, Bom Parto, Pinheiro y una parte de Farol) son hoy propiedad de Braskem.

La petroquímica brasileña se hizo con ellos tras firmar un acuerdo con las autoridades locales, en 2020, mediante el cual se comprometió a pagar una indemnización millonaria al municipio.

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A cambio, asumió la propiedad de la zona para adoptar “medidas de limpieza, conservación, control de plagas y seguridad patrimonial”, garantizando que no la usaría para fines comerciales.

Sin embargo, algunos de los empresarios y vecinos que recibieron pagos aseguraron que fueron forzados a firmar los acuerdos aun cuando el valor de sus bienes estuviera subestimado.

Esas acciones no han impedido, sin embargo, el hundimiento progresivo del suelo, que en algunos puntos llegó a un ritmo de 0,54 centímetros por hora las últimas semanas.

Ante este escenario, la capital de Alagoas declaró el estado de emergencia el 29 de noviembre debido al peligro del colapso inminente de la mina.

Las autoridades ambientales impusieron además a Braskem una multa de 72 millones de reales (unos 14,6 millones de dólares al cambio de hoy) por su responsabilidad en la ‘degradación ambiental’ del terreno.

Asimismo, el gobernador de Alagoas, Paulo Dantas (centroderecha), dijo el pasado 11 de diciembre a la prensa que estudian despropiar esos barrios afectados por “el crimen de Braskem” para crear “un gran parque” natural.

Y defendió ampliar el área en alerta a otros barrios de Maceió que, según él, también fueron golpeados por “el absurdo cometido por Braskem”.

La empresa, por su parte, informó ese mismo 11 de diciembre en una nota enviada al mercado financiero que “sigue movilizada y monitoreando la situación de forma ininterrumpida con las autoridades competentes”.

• El Senado investiga a la petroquímica Braskem

El Senado de Brasil instaló el pasado 13 de diciembre una comisión especial para investigar la responsabilidad del gigante petroquímico Braskem en el colapso de sus minas de sal en la ciudad de Maceió, en el noreste del país. La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) tendrá 120 días, con posibilidad de prolongación, para determinar los ‘efectos de la responsabilidad jurídica socioambiental’ de Braskem en esta ciudad, en la que algunas áreas se han hundido 2,35 metros desde noviembre por culpa de la actividad minera. 

La instalación de la CPI responde a las críticas cada vez más fuertes vertidas contra la empresa petroquímica después de que se intensificara el hundimiento del suelo y de que una de las minas sufriera un colapso el domingo sin dejar heridos. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió el 12 de diciembre con autoridades y legisladores del estado de Alagoas, cuya capital es Maceió, para intentar resolver la crisis política que el desastre de Braskem ha provocado.

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