El Congreso chileno aceptó este miércoles 24 de enero de 2024 "la idea de legislar el proyecto de reforma de pensiones", en una jornada agridulce para el Gobierno, que vio como los diputados rechazaron su otra propuesta estrella, un sistema de reparto del 6 %, "donde un 3 % se destinaba a las cuentas de capitalización individual y el resto a una caja de solidaridad".

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Una propuesta que buscaba elevar las pensiones más bajas, en especial las de las mujeres, y caminar hacia la dignificación en un país donde la mayoría no supuran los 250 dólares mensuales, una de las tasas más reducidas de la OCDE.

La idea de legislar sumó 84 votos a favor, 64 en contra y 3 abstenciones, en una jornada tensa en la que Partido Demócrata y diputados de otros dos grupos ajenos al gobierno le dieron su voto favorable.

Las abstenciones correspondieron a la diputada del ultraconservador Unión Democrática Independiente (UDI), Marta Bravo, su colega de la derecha tradicional Eduardo Durán (Renovación Nacional) y la independiente Marlene Pérez.

NO AL PROYECTO 3+3

El artículo sobre el reparto del 6%, al que se opone la derecha y la ultraderecha en un solo bloque, se rechazó con 76 votos a favor, 75 en contra y 0 abstenciones.

Las misma cifras llevaron al rechazo del artículo 20, sobre el Fondo Integrado de Pensiones, instrumento cuyo objetivo era financiar las prestaciones del Seguro Social Previsional, un fondo que tendrá un patrimonio independiente y separado del patrimonio del Gestor del Fondo Integrado de Pensiones y de las entidades a quienes se licite la gestión de las inversiones.

También se rechazó la idea de crear un Inversor de Pensiones del Estado y se aprobó por mayoría la opción de un autopréstamo desde los seguros de pensiones privados actuales, propuesta que sostenían igualmente la oposición conservadora y ultraconservadora.

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Según el nuevo artículo los “afiliados no pensionados, y que se encuentren a 5 años o más del cumplimiento de la edad legal de pensión, tendrán derecho a realizar retiros en carácter de préstamos con cargo al saldo mantenido en sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias”.

ASCENSO EN PENSIÓN UNIVERSAL

Donde sí logró el Gobierno una nueva victoria fue en la aprobación del artículo 56 transitorio, que permite elevar el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“Ascenderá a un máximo de $250.000, siempre que, de conformidad a lo señalado en este artículo, se verifique el cumplimiento de la condición relativa a los ingresos tributarios no mineros estructurales medidos como porcentaje del Producto Interno Bruto no minero tendencial de Chile”, apostilló.

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Las normas votadas este miércoles pasarán ahora al Senado para ser ratificadas.

En Chile existe en la actualidad un sistema de pensiones privado que controlan seis administradoras privadas, conocidas como AFP, empresas que reciben el dinero de empleados y empleadores y los colocan en fondos de inversión de diferente riesgo -elegido por los trabajadores.

Una vez el trabajador se jubila, no recibe todo el dinero acumulado, si no que su capital se divide en un complejo cálculo que incluye los años cotizados, los años que le restan hasta cumplir 120 y los porcentajes que le corresponden a las AFP por la gestión de esos fondos.

El sistema fue implantado a la fuerza por la dictadura de Augusto Pinochet en la década de los pasados años 80, como uno de los pilares del sistema ultraliberal experimentado en Chile, y del mismo quedaron excluidos los cuerpos militares.

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