El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, reveló que el presidente Pedro Castillo tenía planeado presentar este martes ante el pleno del Congreso un proyecto de ley para el adelanto de las elecciones generales en su país, pero finalmente retrocedió para dar "un último intento a la concertación".

Según declaró Torres a periodistas, Castillo optó por el diálogo y por "corregir" la "inestabilidad" que afronta su país por la escalada de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, antes de apostar por una nueva convocatoria a comicios generales durante la comparecencia que hizo ante el hemiciclo peruano.

"Han existido muchos anuncios del presidente, pero ha faltado un anuncio que a última hora él decidió no hacer. Me manifestó 'doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso, para corregir esta inestabilidad política que existe", reconoció el jefe del gabinete ministerial.

Castillo concurrió al pleno del Parlamento este martes para brindar un inusual mensaje en medio de la admisión a trámite de una moción que pide que sea destituido del cargo.

La cita había generado grandes expectativas luego de que Torres anunciara que habría "sorpresas" y corrieran rumores sobre la posible presentación de un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales en el país, algo que finalmente no se dio.

El mandatario aprovechó la ocasión para presentar los logros y metas de sus casi ocho meses de gestión y deslindarse "enérgicamente" de las acusaciones en su contra por parte de "sectores mediáticos y políticos" que lo vinculan con supuestos actos de corrupción.

Durante su discurso, Castillo reconoció "errores y desaciertos", pero negó con firmeza las acusaciones que lo vinculan con actos de corrupción, lo que atribuyó a un intento "sistemático" de un sector de la oposición por cuestionar su legitimidad.

En ese sentido, acusó a un grupo de opositores de "no aceptar" su triunfo electoral y dedicarse a impulsar un "intenso y sistemático trabajo" destinado supuestamente "a obstruir las labores del Ejecutivo con el único propósito de vacar al presidente o encontrar mecanismos para recortar su mandato".

Con el objetivo de poner fin a las "tensiones y enfrentamientos" entre los dos poderes del Estado, Castillo hizo un llamado a buscar "puntos de coincidencia y consensos" para satisfacer las demandas de los ciudadanos y revertir la "crisis institucional dañina y perniciosa" que afronta su país.

"Es el momento de poner fin a las disputas mezquinas y trabajar por los grandes objetivos nacionales. Es momento de acabar con la polarización y la incertidumbre, que impiden nuestro crecimiento, progreso y desarrollo", aseguró.

El pronunciamiento de Castillo en el hemiciclo peruano se dio un día después de que los legisladores acordaran, por una sorpresiva avalancha de votos, someterlo a un juicio político, que se resolverá el próximo 28 de marzo.

Ese día, Castillo o su abogado deberán presentarse ante el pleno de la Cámara para responder sobre los 20 puntos en los que se sustenta el pedido que busca sacarlo del poder.

La moción fue presentada la semana pasada por el legislador Jorge Montoya, vocero del partido ultraderechista Renovación Popular, y contó con el apoyo en bloque de todas las fuerzas políticas de derecha, que dominan el Congreso, a diferencia del primer intento de destitución impulsado por la oposición en noviembre pasado, cuando no se alcanzaron los votos para admitirlo a trámite.

En total, fueron 76 los parlamentarios que votaron a favor de dar continuidad al proceso, aunque se requerirá de 87 votos para que la moción sea aprobada y proceda la destitución presidencial, una meta que por ahora se vislumbra poco probable.

A decir de sus impulsores, el pedido se fundamenta en una serie de "hechos objetivos" que ameritan la destitución de Castillo por "permanente incapacidad moral".

Entre ellos figuran las contradicciones que habría incurrido el jefe de Estado en sus declaraciones a la fiscalía sobre los presuntos intentos de influir en ascensos militares, aunque el documento también menciona las "cuestionables" designaciones de por lo menos 10 ministros y la supuesta existencia de un "gabinete en la sombra" en el Ejecutivo.

Además, alude a la intención del mandatario de someter a consulta popular una salida al mar para Bolivia y a las recientes declaraciones de una empresaria que denunció ante la Fiscalía una presunta red de corrupción enquistada en el Ejecutivo, algo que Castillo rechazó "tajantemente