La muerte le llego antes de recibir la proteccion

El asesinato de Susan Grace Panchi Carpio, una joven embarazada que fue acribillada la noche del domingo en el sur de Guayaquil, ha ‘enmudecido’ a sus familiares.

Su silencio se evidencia en la escasa colaboración que han mostrado con la policía, para dar con los responsables de esa muerte, aparentemente producto de una cadena de atentados que ha cobrado la vida de tres testigos del crimen de un familiar, registrado en marzo de 2015.

Una situación que deja un cúmulo de interrogantes, respecto de la protección que debió recibir Susan luego del 2 de diciembre de ese año, en que fue uno de los testigos presenciales del asesinato de su conviviente Daniel Elvis Rosado Rizzo, de 24 años; y el de su suegro, Manuel Elías Rosado Solórzano, de 55. Entre ambos recibieron cerca de 23 balazos dentro de su casa, en la cooperativa Virgen de Monserrate, en el Guasmo Sur.

En aquel entonces, Susan le indicó a la policía que la muerte de su pareja y suegro sería en represalia a una audiencia de juzgamiento a la que asistieron, por el asesinato de su cuñado Jorge Rosado.

En ese entonces, ellos habrían sido amenazados por los tres procesados tras suspenderse la diligencia judicial y en la que le advirtieron a Daniel que “estaría muerto y que no iba a llegar a la próxima audiencia”. La amenaza se materializó el 2 de diciembre de 2015.

¿Qué pasó con Susan? Si bien la policía señala que la buscaban para brindarle protección, extraoficialmente se conoce que la joven de 21 años y con veinte semanas de gestación, no estaba dentro del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, en la Fiscalía de Guayaquil.

René Astudillo, fiscal subrogante del Guayas, explica que por mandato legal el fiscal podrá determinar, por medio de todo un departamento especial, si existe riesgo inminente o no en casos como el de Susan.

“Lo puede hacer a petición de parte o de oficio... el fiscal tendrá la posibilidad de sugerirle que ingrese al Programa de Protección... tiene la responsabilidad de hacerlo”.

En caso de que no prevea ese peligro, pero la víctima siente esa amenaza, esta deberá indicarle a la Fiscalía para determinar el grado de riesgo.

Pero, por sobre todo, debe existir la voluntad de la víctima a entrar al sistema de protección, ya que -según Astudillo- a nadie se lo puede obligar porque se puede entrar en la esfera de otro delito.

“Si la señora, en el evento no ha indicado o no hay una constancia de que ha requerido del servicio de protección a víctimas y testigos, simplemente no estaríamos hablando ante una negligencia o una omisión del fiscal; caso contrario, están en potestad de seguir las acciones disciplinarias y penales...” contra quienes no le brindaron protección, puntualiza el funcionario.

Se busca proteger a otros testigos

Al esclarecimiento de la muerte de Susan, la policía investiga también si hubo o no las garantías necesarias para ella y si fue considerada para el programa de víctimas y testigos. Según el coronel Germán Cevallos, jefe de la Dinased Zona 8, tras el crimen de su esposo, no se conocía el paradero de Susan, lo que habría originado que no se la pueda contactar para brindarle protección. Algo que buscan hacer con los demás testigos de los crímenes.

CBS