Es una factura onerosa. La administración de bienes inmuebles, muebles y vehículos incautados genera un egreso considerable para el Estado. Solo para este año, por ejemplo, el presupuesto asciende a más de 3,5 millones de dólares por el cuidado de casas, departamentos, oficinas, locales y terrenos retenidos a involucrados en delitos como el cohecho, el lavado de activos y el narcotráfico.

En total, tal como informó este Diario el mes pasado, el Estado administra 343 inmuebles provenientes de actos ilícitos. Las propiedades delictivas están en manos del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

Según información que esa entidad entregó a EXPRESO, el Plan Anual Operativo codificado para la administración de inmuebles incautados se divide en dos rubros. El primero, que incluye la seguridad y vigilancia de las propiedades es de 3’419.434,78 dólares. Los restantes 105.855 dólares corresponden al pago de servicios básicos (luz, agua y teléfono) de los lugares.

El monto total es casi 300.000 dólares más alto que lo gastado durante el año pasado. Según la ejecución presupuestaria, Inmobiliar utilizó 3,2 millones de dólares para el pago de seguridad, vigilancia y servicios básicos de lo incautado hasta 2018.

En bienes muebles también hay un gasto importante, aunque menor. Para este año, el Estado necesitará 158.689,36 dólares para el mantenimiento. En 2018, en cambio, el valor usado fue de 37.525,49 dólares. Una diferencia de 121.000 dólares.

¿Cómo se dividen esos rubros? Inmobiliar paga por “materiales de oficina, adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos, fletes y maniobras, comisiones bancarias, fiscalización e inspecciones técnicas, vehículos terrestres (mantenimiento y reparaciones), insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción, eléctricos, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios y servicios de difusión e información”.

También se incluye el pago de “honorarios por contratos civiles de servicios”.

La mayoría de gastos, según el detalle de los muebles incautados, se realizan en Pichincha y Guayas. Las dos provincias acaparan más del 70 % de la retención.

Guayas, por ejemplo, tiene 20.315 productos retenidos por delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. De esa cantidad, 14.350 provienen de retenciones por lavado de activos. 5.695, en cambio, son fruto de incautaciones a vinculados con narcotráfico.

En Pichincha existen 58.918 bienes. El narcotráfico es el crimen con más incautaciones de la provincia (51.994)

A escala nacional, los muebles incautados ascienden a 95.701. Del monto, 67.743 fueron detenidos por narcotráfico, 25.564 por lavado de activos y 2.394 por cohecho.

La cifra

156 inmuebles están retenidos, a la fecha, por el Estado por el delito de narcotráfico.

Vehículos

Hay unidades en 10 provincias

Según el reporte oficial de Inmobiliar, en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Manabí, Azuay y Guayas existen unos 1.619 vehículos incautados por el cumplimiento de diferentes delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente.

De ese total, 239 automotores corresponden a incautaciones por lavado de activos. Por narcotráfico, en cambio, hay retenidas 1.375 unidades. Existen, además, cinco vehículos administrados por el Estado por casos de cohecho.

Guayas tiene 168 unidades motorizadas incautadas, hasta la fecha. Todas provienen de casos de narcotráfico.

Manabí es una de las provincias con más vehículos incautados. El informe muestra que en el lugar existen 403 unidades. 222 corresponden a lavado, 176 a narcotráfico y 5 a cohecho.