El miércoles, a las 10:00, iniciará la segunda ronda de conversaciones con la brasileña Odebrecht sobre el proceso de reparación al Estado ecuatoriano por la trama de sobornos de la constructora que afectó al menos a 12 países de América Latina y África, entre ellos Ecuador.

El procurador Íñigo Salvador anunció la cita en la que se espera la asistencia de los representantes de Contraloría, Secretaría Anticorrupción y Fiscalía y de la firma brasileña.

Los intentos por conseguir la reparación de la firma brasileña se dan casi tres años después que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara un informe que evidenció que Odebrecht habría pagado sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos, a cambio de hacerse de los contratos de obras del Estado, el desvanecimiento de glosas y la emisión de informes favorables para la obtención de proyectos. Según el Departamento de Justicia Odebrecht habría pagado 788 millones de dólares en coimas en los 12 países.

En Ecuador el monto por los sobornos entregados entre 2007 y 2016 fue de más de 35,5 millones y eso habría reportado más de 116 millones en beneficios.

El miércoles 10 de julio hubo un primer encuentro con el representante de la constructora para América Latina, Félix Martins. Durante la cita el ejecutivo reconoció en nombre de la empresa los “errores cometidos en el pasado”. También evidenció el ‘compromiso’ para llevar adelante un “proceso de reparación que sea eficaz”. Será respetando las leyes ecuatorianas y a las prácticas internacionales, fue el pedido.

En esa reunión el procurador destacó que la firma cuestionada se ha comprometido a cooperar con el Estado y que el proceso de reparación no interferirá de ninguna manera “en la investigación que lleva adelante la Fiscalía, ni en los procesos de la Contraloría, judiciales y administrativos” que están en marcha. Una de las investigaciones a la que se refiere Salvador está estancada.

En noviembre de 2017 la Fiscalía, liderada por Carlos Baca Mancheno, anunció que formularía cargos a la compañía Odebrecht y a cuatro de sus representantes legales en el Ecuador por supuesta defraudación tributaria.

El caso no pasó del anuncio aunque aseguró que el trabajo coordinado entre la Fiscalía y el Servicio de Rentas Internas (SRI), había develado un presunto delito de defraudación tributaria cometido por la empresa brasileña por ingresos no declarados por más de 120 millones entre 2012 y 2016.

La denuncia fue presentada en marzo de 2017 por Leonardo Orlando en ese entonces director del SRI en la que adjuntó el ‘Resumen Ejecutivo de Riesgos Tributarios de la Compañía Constructora Norberto Odebrecht S.A.’. Se señaló que Odebrecht habría omitido ingresos y presentado comprobantes de venta de operaciones inexistentes efectuadas por empresas fantasmas.

Con bombos y platillos el exfiscal Baca anunció que “toda la información tanto del SRI como de la Fiscalía ratifican que este es el inicio de un conjunto de investigaciones que surgirán alrededor de la trama de corrupción que involucra a funcionarios públicos y privados”, pero el caso no prosperó.

Eso aunque el fiscal Baca había indicado que las autoridades han expresado que los daños causados deberán abarcar la totalidad de las operaciones de Odebrecth en Ecuador, “tanto los daños económicos sufridos en el país por diversos conceptos, como los daños que ha sufrido el Ecuador en su cohesión social, política y moral por los actos de la compañía”.

La audiencia de formulación de cargos debía efectuarse el martes 14 de noviembre del 2017, a las 09:00. En el sistema Satje de la Función Judicial se señala que no se hizo por falta de notificación a José Santos.

En ese mismo mes un escrito del fiscal Iván Ron Aguirre le puso fin a futuros señalamientos de audiencia de formulación de cargos. El caso, al menos en el sistema judicial no avanzó en casi dos años.

En la reunión de este miércoles está previsto que se proponga la metodología de negociación con Odebrecht sobre la base de parámetros reparatorios, establecimiento de los montos acordados, y el mecanismo de reparación que deberá establecer los plazos para que las obligaciones asumidas se cumplan.