Fuentes policiales y de la Fiscalía informaron de la detención del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y de la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa.

Las aprehensiones fueron por una investigación diferente al denominado caso Arroz Verde. La investigación es por el presunto delito de concusión. Las diligencias se cumplieron la mañana de este viernes 31 de mayo y estuvieron lideradas por la Fiscalía y la Policía.

La operación se habría dado con oficiales que viajaron desde Quito y, según comentó en reserva un funcionario, aún no se confirmaba si a los detenidos los trasladarían a la capital de la República o los llevarían a una Unidad Judicial local.

La información fue confirmada más tarde en la red social Twitter por parte de la Fiscalía del Guayas, que precisaba que se trataba “con fines investigativos, dentro del caso de aportes de campaña, presuntamente ilegales, al movimiento AP”.

Por este caso están detenidas Pamela Martínez y Laura Terán, quienes fueron jueza constitucional y funcionaria de carrera, respectivamente. Ambas participaron en la Presidencia de la República como colaboradoras del expresidente Rafael Correa. Fueron detenidas el 4 de mayo, y el 5 recibieron prisión preventiva por presunto cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en concurrencia de infracciones.

María de Los Ángeles Duarte fue ministra de Obras Públicas de Correa. Los nombres de Mera y Duarte aparecen, entre otros, en el reportaje del portal Mil Hojas que reveló la existencia de una supuesta red integrada por funcionarios públicos, empresas multinacionales y nacionales y personas jurídicas privadas involucradas en el caso.

Ambos funcionarios ya presentaron sus versiones voluntarias en la Fiscalía y ofrecieron que colaborarán con las investigaciones. En las próximas horas se conocerán mayores detalles.

A las dos se les atribuye la supuesta participación en una agrupación formada por funcionarios públicos, empresas nacionales y multinacionales contratistas con el Estado involucrados en supuestos aportes ilegales a la campaña de PAIS entre 2012 y 2013.